Funcionarios del gobierno de Puerto Rico decidieron no comentar las recientes expresiones del presidente Donald Trump para que se aplique la pena de muerte a los narcotraficantes. Puerto Rico es un territorio en posesión de Estados Unidos, sin derechos políticos de representación proporcional ante el Congreso ni a votar por el presidente y vicepresidente. Solo se le permite un delegado que escuche y hable en la Cámara de Representantes federal, sin voto en el pleno, aunque puede participar de sus comisiones legislativas.
Si bien Trump solo profundizó su política de mano fuerte contra el problema del trasiego de drogas, escaló su sentido de represión siguiendo el sendero trillado por “su buen amigo”, el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, quien no solo mantiene una política pública de asesinato contra presuntos narcotraficantes, incluso fuera del marco de ley, sino que se elogia de haber matado con sus propias manos a unos cuantos cuando fue alcalde.
Desde que Dutarte llegó a la presidencia en 2016 han muerto a manos de la policía o vigilantes cerca de 9,000 sospechosos de ser narcotraficantes o alegados usuarios de drogas a septiembre de 2017. La cifra ha continuado aumentando en estos meses. Duterte calcula que debe matar 100,000 personas para resolver el problema de las drogas en su país.
Puerto Rico tiene en su Constitución estatal el derecho a la vida y la pena de muerte está expresamente prohibida, aunque sí se fijan penas más fuertes que en otros países, como cadena perpetua, para el asesinato. Igualmente, el Código Penal boricua provee largas sentencias para los narcos, e inclusive para adictos que posean sustancias controladas para su consumo personal. Las distinciones entre ambos son apenas perceptibles en el Código Penal y hasta el 70% de los reos en la Isla están presos por delitos relacionados con las drogas.
Asimismo, la isla caribeña mantiene en su Constitución una lenguaje que obliga a la rehabilitación de los confinados, una aspiración que debe limitar considerablemente las relaciones de fuerza que el gobierno pueda establecer en las prisiones con los reos. En su artículo VI, sección 19 se afirma que “será política pública del Estado Libre Asociado… reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.
Este periodista solicitó de manera escrita una reacción de los departamentos de Justicia, de Seguridad Pública y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), tres agencias que inciden directamente en el problema de las drogas, sobre la posición del presidente Trump. Los funcionarios nunca respondieron la solicitud. La reacción de estos, por supuesto, debía fijar su propia posición y la del gobierno de Puerto Rico, cuya política pública en torno a las drogas ha sido, básicamente, continuar la que establece el gobierno federal.
Solo un funcionario respondió a la solicitud hecha durante una pregunta directa en breve atención a este periodista. El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, de la delegación mayoritaria del Partido Nuevo Progresista, y también perteneciente al mismo Partido Republicano en el que milita Trump, dijo tajantemente: “Yo no creo en la pena de muerte. Tan sencillo como eso. No importa quién la proponga… Los americanos también se equivocan, y últimamente con relativa frecuencia”, afirmó el dirigente senatorial, quien además mantiene una crítica férrea a la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo adosado por el gobierno federal al territorio local para que instrumente reformas fiscales ante la quiebra financiera del aparato territorial de gobierno.
Las expresiones públicas de Trump ahora en marzo en torno a fijarles pena de muerte a los narcos surgen de manera coincidental con el más reciente informe anual del International Narcotics Control Board (INCB) sobre el año 2017, divulgado el 1 de marzo de este año y que solicita exactamente lo contrario.
Esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (en español) es una agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Viena, dedicada a “verificar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas por los estados y ayudar a los gobiernos a garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos y evitar al mismo tiempo su desviación y uso indebido”.
En este informe, que recoge las diversas estrategias que la ONU ha establecido para enfrentar el flagelo de las drogas, y que no suelen ser exactamente medidas vanguardistas como las han establecido algunos países –sin descartarlas, siempre y cuando muestren resultados y se establezcan dentro del marco legal- se promueve este año el establecimiento de “políticas humanas y equilibradas en materia de drogas que reflejen un enfoque basado en los derechos humanos”. Las expresiones de Trump, que refuerzan aberraciones como las de Duterte, se alejan considerablemente de dicha política pública internacional.
Cuando el gobierno de Puerto Rico no cuestiona ni fija una posición en torno a la expresiones de Trump, el resultado práctico es el endoso. La isla tiene un serio problema de adicción a drogas que no ha logrado, a causa de su estrategia-apéndice de “guerra contra las drogas”, resolver mínimamente. (ver reportajes anteriores sobre el tema en el blog Obed Betancourt-Prensa Intencional).
Esfuerzos locales de entidades comunitarias con visión y ejecución salubrista no reciben la ayuda necesaria para su masificación e impacto de tal suerte que se refleje en las estadísticas y en un cambio de política pública. La Isla asume el problema de las drogas desde una perspectiva salubrista, pero es solo a nivel teórico, pues los cuantiosos recursos aun se destinan a la intervención puramente policíaca, procesamiento fiscal y encarcelamiento, mientras entidades como ASSMCA solo reciben migajas del erario, aunque las drogas son el núcleo de la criminalidad en la Isla.
En el informe de la INCB se destaca que “si no se tienen debidamente en cuenta los derechos humanos, las consecuencias pueden ser nefastas”. Este año la ONU celebra el 70mo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Este aniversario brinda la oportunidad de explorar los vínculos entre los derechos humanos y la política en materia de drogas y examinar cómo estos inciden en las respuestas nacionales al problema de las drogas”, se indica en el prefacio del informe que aquí reseñamos en las partes que conciernen.
Se recalca entonces la necesidad de “contrarrestar efizcamente” el azote de las drogas, y sostengo que el análisis que se debe hacer de inmediato es si “la guerra contra las drogas”, que ha sido la estrategia universal fomentada por Estados Unidos, a veces con trazos de extorsión en los países participantes, ha sido la adecuada para enfrentar el problema.
No lo ha sido, por supuesto. Los propios informes anuales del Departamento de Estado de EEUU lo confirman al revelar cómo cada año aumenta la siembra de cultivos de cocaína, marihuana y heroína, se abren nuevas rutas del narcotráfico y hasta se complica el panorama en los países consumidores de drogas, especialmente EEUU, con una epidemia de muertes por sobredosis, encarcelamientos relacionados con las drogas y asesinatos. Cada día hay más adictos y más usuarios ocasionales.
De alguna manera el INCB reconoce esa lucha ineficaz cuando, en este informe, destina el capítulo temático al “tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social por trastornos relacionados con el consumo de drogas como componentes esenciales de la reducción de la demanda de drogas” y la protección de los derechos humanos de las personas con afecciones de adicción.
Esa iniciativa, que muchos proponentes a través de todo el mundo han definido como la estrategia real para la disminución del problema, tiene sin embargo, escasa salida en EEUU y en consecuencia en Puerto Rico, cuya política pública ha sido y es dependiente del gobierno federal y sobre todo del dinero que otorga a las fuerzas de ley y orden estatales. Esos fondos federales le evitan al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la erogación local de sus propios fondos, más escasos que nunca debido a la condición de quiebra económica en el que está sumergido el territorio. Es decir, la Isla ha preferido mantener una política pública ineficiente a cambio del dinero que se le puede otorgar para continuarla.
Justamente en el momento en que escribo este reportaje surge que cientos de policías, mayormente recién ingresados a la Uniformada, están abandonando sus puestos debido a la larga crisis económica del país, cuyos efectos son la reducción de beneficios y la escasez de servicios, así como la exacerbación de los problemas sociales. De unos 17,000 policías que hubo hace alrededor de cinco años, el país cuenta ahora con alrededor de 11,000. El asunto se ha discutido públicamente y algunos sostienen que son la causa del alza en la criminalidad del país. Esa es una tesis cuestionable, y en el fondo a mi me parece patentemente falsa, como lo demuestra el hecho de que una mayor cantidad de policías no implica una reducción del crimen, según demuestran estadísticas en todo el Caribe. En todo caso, luce políticamente bien para los gobiernos mantener una flota de uniformados dando vigilancia por todos lados.
En esta serie de reportajes, sin embargo, la tesis es que una intervención temprana con los niños, el tratamiento de los problemas mentales, un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple no solamente las materias académicas sino los valores o civilitud, así como una efectiva rehabilitación y reinserción de adictos y confinados son, por mucho, entre otros, más eficientes para la disminución de la criminalidad que, en Puerto Rico, está asociada mayormente con las drogas. Con toda seguridad también será menos costoso que más armamento y policías, y fiscales y jueces y oficiales de custodia. La extorsión sobre el tiempo largo que pueda tomar generar esos cambios no es más que eso, una extorsión, politiquera, excusa para mantener lo inservible y no hacer nada, perpetuar la ineficacia.
No sin razón, y contrario a lo que en efecto se hace en Puerto Rico, el informe del INCB indica que “ponemos de relieve la protección de los derechos de las personas afectadas por los trastornos relacionados con el consumo de drogas y destacamos la importancia del acceso no discriminatorio a los servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social”. En juego, a juicio de la ONU, “están la salud y el bienestar de la Humanidad”. Más adelante señala que “para asegurar la salud y el bienestar de la humanidad, los tratados obligan a los estados partes (firmantes) a adoptar medidas con miras al tratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas por problemas de drogas (artículo 38 de la Convención de 1961 y artículo 20 del Convenio de 1971)”. No obstante, en EEUU los planes médicos no cubren los problemas de adicción a drogas.
La ONU reconoció en un documento de recomendaciones del 30mo período de la Asamblea General “que la drogodependencia era un trastorno de la salud complejo, que se caracterizaba por su naturaleza crónica y recurrente y que se podía tratar mediante programas de tratamiento basados en datos científicos y de carácter voluntario, y exhortó a aumentar la cooperación internacional para formular e implantar iniciativas de tratamiento”. Esta es, se indicó, la forma de reducir la demanda que es, a fin de cuentas, la llave para reducir el narcotráfico y sus consecuencias, de muerte, de salud, de discapacidad, de carga para el Erario.
El enfoque para reducir la demanda es doble y superpuesto, según el INCB: la prevención de la iniciación en el consumo de drogas (o prevención primaria) y el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. Sobre el primero pesa el problema de su evaluación, su pertinencia, su impacto en sectores realmente necesitados, su calidad. La isla ha demostrado esta incapacidad, y de manera manifiesta. Las iniciativas de la Liga Atlética Policíaca son, por ejemplo, una pérdida de dinero y recursos, ni siquiera su resultados pueden ser evaluados objetivamente, según se desprende de una conversación que tuve con la pasada Comisionada de la Policía. Tampoco pueden ser evaluados los anuncios públicos que por épocas pasa por el cine y la televisión la Alianza Contra las Drogas que, francamente, me parecen fatales y una pérdida de recursos.
Ahora bien, ¿alguien en Puerto Rico puede mostrar un plan nacional de reducción de la demanda, integral, que atienda los múltiples factores biosicosociales que inciden, y la participación de las decenas de agencias de gobierno? Si existe, sólo podrá encontrarse en documentos, no en las calles. Tampoco abrigo esperanzas de que algún funcionario lo niegue y menos que lo afirme. En la isla los funcionarios públicos son un poco como las avestruces.
La falta de planes nacionales efectivos ya se reconoce en el INCB. Por ello, sin que se descarte la prevención, aunque se debe buscar más asertividad, pide que se preste mayor atención al “tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados por trastornos relacionados con el consumo de drogas”:
“a) Los afectados por trastornos relacionados con el consumo de drogas sufren un importante menoscabo de su salud física y mental y bienestar, además de reducirse su calidad de vida y productividad;
b) Algunos afectados por trastornos relacionados con el consumo de drogas pueden recurrir a actos ilícitos o delictivos para costear ese consumo, lo que perpetúa un círculo vicioso de adicción y sufrimiento y contribuye a aumentar la carga de la delincuencia en la sociedad;
c) Las investigaciones indican que la presión del grupo es un factor importante de la iniciación al consumo. Así, el tratamiento de los drogodependientes reduce el riesgo de que otros empiecen a consumir drogas bajo su influencia. Dicho de otro modo, los servicios de tratamiento y rehabilitación de los afectados pueden servir para prevenir el consumo de drogas entre otras personas de su entorno;
d) En su condición de partes en los tratados de fiscalización internacional de drogas, los Gobiernos deben prestar servicios de tratamiento a quienes sufren adicción. Tanto el artículo 38 de la Convención de 1961 como el artículo 20 del Convenio de 1971 disponen que los Gobiernos han de prestar atención especial a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de los afectados por la drogodependencia, y adoptar todas las medidas posibles al efecto, coordinar sus esfuerzos en ese sentido y promover la formación de personal en esos ámbitos;
e) El respeto del derecho a los servicios de salud y tratamiento de las personas afectadas por trastornos relacionados con el consumo de drogas contribuiría a reducir el estigma y la discriminación asociados a esos trastornos;
f) Las investigaciones demuestran constantemente que invertir en el tratamiento genera ahorros a los gobiernos. El costo económico del tratamiento es muy inferior al que ocasionan los trastornos relacionados con el consumo de drogas y los problemas conexos, entre ellos el desempleo, el absentismo, la delincuencia (incluido el costo de la justicia penal y la represión del delito), la morbilidad, la mortalidad prematura y la discapacidad;
g) Un elemento indispensable para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) es fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas.”
El aspecto f) ya fue discutido en anteriores reportajes en Prensa Intencional, y es un asunto que bajo ninguna circunstancia debe ser pasado por alto. Por otro lado, no se ha fortalecido en Puerto Rico estos enfoques, si nos atenemos al presupuesto que se le asigna a la agencia encargada de estos asuntos, ASSMCA. Es en el presupuesto, no en la retórica pública, donde se fija la política pública de un gobierno.
En el informe de INCB se informa los costos asociados a la inversión en tratamiento versus los gastos de la intervención penal, que citaré in extenso.
“En general, los estudios realizados en diferentes contextos y países han demostrado sin excepciones que la relación costo-eficacia del tratamiento de la drogodependencia es excelente. Cada dólar invertido en el tratamiento produce un rédito de 4 a 7 dólares por cuanto reduce las tasas de delincuencia y los costos del sistema de justicia penal. Si se incluyen también las economías logradas para el sistema de atención de la salud, los ahorros totales superan la relación 12:1. En un examen de 11 estudios en los que se hacía una evaluación económica de diversos tratamientos se analizaron los beneficios económicos logrados en distintos ámbitos (actividad delictiva, utilización de los servicios de salud, empleo remunerado y gasto en drogas ilícitas) y se llegó a la conclusión de que la reducción de la actividad delictiva y la utilización de los servicios de salud eran los mayores beneficios económicos que aportaba el tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas. Además, el tratamiento de la drogodependencia es mucho menos costoso que las intervenciones de justicia penal. Por ejemplo, el costo de mantenimiento con metadona en los Estados Unidos de América se ha calculado aproximadamente en 4,700 dólares por paciente y año, mientras que la encarcelación se calcula en 24,000 dólares por recluso y año. [En Puerto Rico ronda los 37,000 dólares.] Se ha calculado que si se ofreciera tratamiento únicamente al 10% de los delincuentes que lo necesitan, el sistema de justicia penal podría ahorrarse aproximadamente 4,800 millones de dólares. En un amplio examen de publicaciones científicas se ha llegado a la conclusión de que, desde el punto de vista de la eficacia en función de los costos, los tratamientos de mantenimiento con agonistas como la metadona y la buprenorfina deben considerarse opciones de tratamiento de primera línea de la dependencia de opioides”.
Ahora bien, ¿tiene ASSMCA las instalaciones médicas y los programas necesarios? No los tiene. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que hay en el mundo 1.7 camas por cada 100,000 habitantes para el tratamiento de la drogodependencia y alcoholismo. Se desglosa ese promedio en 7.1 camas en países de ingresos medianos altos y 0.7 camas en países medianos bajos. Puerto Rico dejó de pertenecer al primer mundo hace ya un tiempo, y es hoy día un país cuya pauperización aún avanza. Las camas en la isla para el tratamiento de la adicción a drogas están mayormente en programas privados, cuyos resultados con base científica aún deben mostrarse.
“La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) comunica que, a nivel mundial, solo una de cada seis personas que necesitan tratamiento de la drogodependencia tiene acceso a programas de tratamiento. En América Latina, la proporción es una de cada 11, y en África, una de cada 18, lo que demuestra que la escasez de recursos es más pronunciada en los países de ingresos bajos y medianos. Mientras los países de ingresos altos gastan unos 50 dólares por persona anualmente en salud mental, los países de ingresos bajos y medianos gastan solo 2 dólares”.
Ese cuadro es consistente con la nueva realidad presupuestaria de la Isla. Pero no es todo. El Instituto de Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico, dedicada a la investigación y programas de ayuda, informó recientemente que el presupuesto asignado a los programas de ayuda a la niñez -públicos o privados- se ha reducido dramáticamente, particularmente en los programas de desarrollo social y económico de niños en familias de escasos recursos. Son ventanas de oportunidades que se cierran, y que al final del día, la noche parece ofrecer la salida que el gobierno no pudo dar. En Puerto Rico el 56% de la niñez, según el Indice de Bienestar de la Niñez, vive bajo los estándares de pobreza del gobierno federal, esto es, seis de cada diez niños en el país, unos 389,688.
Estamos creando, y abonando, un semillero para la delincuencia. Terminan muchos de estos niños en las instituciones juveniles de reclusión, que ahora se quieren “externalizar” (un eufemismo para la palabra “privatizar”, que tan mala fama goza en todo Estados Unidos y que igualmente hemos tratado en reportajes anteriores en este blog). No solo fueron varios congresistas y representantes estadounidenses los que advirtieron al gobierno de Puerto Rico sobre la privatización de las cárceles a empresas dedicadas al lucro, y que necesitarán cada día nuevas leyes penales que les permitan ingresar más confinados con los cuales hacer dinero, sino que la propia Junta de Control Fiscal que opera en la Isla señaló que en el plan fiscal del gobierno esa privatización tampoco refleja los ahorros que, alega el gobierno, resultarán.
Igualmente se pretende enviar los presos a cárceles de Estados Unidos, los voluntarios que así lo soliciten, una medida que debe ahorrarle otra cantidad de dinero al sistema de corrección y rehabilitación, obligado por la Constitución a promover la reinserción de los confinados a la sociedad, y que por supuesto nadie cree que se haya logrado ni mínimamente. La privatización de las cárceles ha recibido fuertes críticas en EEUU. Por otro lado, un reportaje de The Atlantic de 27 de diciembre de 2017 asegura que una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), arrojó que los confinados tienen hasta 6.4 veces más probabilidades de sufrir una enfermedad relacionada con la comida que la población en la libre comunidad. “Es una crisis de seguridad de salud escondida”, asegura la nota. Históricamente, en Puerto Rico el problema de los alimentos de los confinados ha sido un issue bastante ventilado públicamente. No solo ha sido la pobre calidad de los alimentos, sino una dieta que fomenta enfermedades como la diabetes y los problemas cardíacos. En justicia, sin embargo, habría que ver cuáles son las presentes condiciones.
En el INCB se advierte la importancia “diferenciar términos como consumo de drogas, abuso de drogas, consumo nocivo de drogas, drogodependencia y drogadicción, ya que el uso inapropiado de la terminología puede contribuir a la estigmatización y la discriminación. Desde la perspectiva de la justicia penal, en algunos países puede sancionarse incluso el consumo por una sola vez de una sustancia psicoactiva clasificada en la legislación nacional como estupefaciente o sustancia sicotrópica. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias de la adicción y del comportamiento, un único caso de consumo de drogas puede no ser necesariamente patológico. Son los hábitos de consumo y las consecuencias resultantes lo que distingue el comportamiento patológico del no patológico, aunque con frecuencia peligroso”.
En Puerto Rico se conduce a la cárcel, con todo lo que implica, a personas que muchas veces no tienen un problema real de drogodependencia, pero que en el momento de la intervención policíaca tienen consigo algún material para uso personal. Mientras, los tribunales solo hacen un desvío si hay un problema de adicción. En ese caso, el usuario ocasional se ve obligado a aceptar un delito rebajado para buscar el desvío que le ofrece el tribunal. Obviamente, queda al poco tiempo “rehabilitado”, según el estándar judicial, aunque nunca fue un verdadero adicto.
En estos días el gobernador Ricardo Rosselló firmó una nueva ley que justamente reconoce esta situación. El Proyecto de la Cámara 1219, ya ley, crea una nueva alternativa de rehabilitación a imputados de ciertos delitos que son adictos al uso de sustancias controladas. La medida, del representante José Enrique Meléndez, perteneciente a la mayoría de gobierno, establece “un procedimiento de desvío terapéutico que estará disponible para personas imputadas de cometer algún delito de posesión de sustancias controladas, apropiación ilegal u otro delito grave, que no implique violencia, y que sea consecuencia directa del deseo del imputado de satisfacer una adicción”.
La ley es sin duda un adelanto aun dentro de la profunda perspectiva penal que se tiene de todo el problema. Ahora el adicto debe probar que lo es, y que sus actos “no violentos” son motivados por su “ansiedad”, como suelen decir los adictos, por las drogas. El tribunal ordenará que un “equipo interdisciplinario” evalúe al supuesto adicto para determinar si tiene un “trastorno relacionado a sustancias” y se preparará “un plan individualizado de tratamiento y rehabilitación el cual se aplicará por no más de dos años. El imputado [así indica la declaración, con el mismo lenguaje penal que se pretender abortar] deberá aceptar los términos y condiciones del plan para someterse al tratamiento y rehabilitación”. No obstante, en este momento otro asunto que se debe problematizar es ese lugar de “desvío terapéutico”, y determinar si tiene base científica y sujetarlo a evaluaciones.
Una vez el adicto “complete” su tratamiento (habrá que ver a qué sustancia, ¿verdad?) será evaluado y se procederá al archivo del caso. “De incumplir con el programa, se le revocará el beneficio y cumplirá la sentencia correspondiente. La parte perjudicada o víctimas del delito, de existir alguna, siempre serán escuchadas previo a que un juez conceda el desvío”, indican las declaraciones oficiales sobre el asunto.
“El problema de criminalidad que vivimos en Puerto Rico tiene muchos componentes que deben atenderse desde distintos ángulos. Debemos brindar un programa de rehabilitación a aquellas personas que cometen delitos por razón de una dependencia a las drogas”, expresó el gobernador.
La medida no aplica por supuesto a narcotraficantes, aunque sean igualmente adictos, los que cometan delitos violentos o sexuales, o contra menores, ni los que cometan delitos que conlleven penas de sobre 8 años. En ese sentido, la nueva ley solo protege al adicto de esquina, el que pide chavos en las calles y te roba la cartera de la mano, el que rompe el cristal del auto y roba la computadora, el que escala una noche un restaurante y se roba las ollas para venderlas por par de dólares y satisfacer el vicio del día. Cosas así. La mayor parte de los usuarios de drogas en la Isla son temporales, no crónicos, aunque de estos hay demasiados.
“Con esta medida se busca eliminar futuras conductas delictivas de estas personas que no son rehabilitadas actualmente en el sistema carcelario”, indican las declaraciones de gobierno, pero que están lejos de ser, como cree el representante Meléndez, un “cambio en la política pública [que] permite enfocar esfuerzos en la rehabilitación en la dirección de cumplir con el mandato constitucional de rehabilitar”. En realidad, la medida solo apunta hacia la dirección correcta. Ahora esperemos que empiece a caminar en esa dirección.
En declaraciones a la prensa, Meléndez fijó en 69% la población penal que sufre de problemas de adicción antes de entrar al sistema. Mientras, casi el 41% de la población sufre de problemas de “consumo nocivo de drogas”, que es el nuevo término que se maneja a nivel mundial, en vez de “abuso de drogas”.
El INCB explica que “por consumo nocivo de drogas se entiende un hábito de consumo que produce daños en la salud física o mental de la persona. La drogodependencia es una afección que se caracteriza porque el consumo de drogas llega a ser una de las máximas prioridades en la vida del consumidor y conlleva diversos comportamientos conexos”, esto es, el delito, y contraer enfermedades, sean infecciosas, mayormente, o no.
“Tenemos que atender esta crisis social con mecanismos de rehabilitación para que los adictos vuelvan a ser personas de provecho en nuestra sociedad y puedan salir de ese círculo que los lleva a cometer delitos”, agregó el representante Meléndez sobre la medida que ha sido implantada, entre otros lugares, en California, Massachusetts y México. Es, coincidimos, en el sistema de salud, no en el sistema de justicia penal, donde se logra la rehabilitación. La pregunta obvia es si la isla, insisto, tiene la capacidad para proveer esos servicios con base científica y sujetos a la evaluación de resultados.
Trump prefiere aplicar la pena de muerte, como lo ha hecho Duterte, y destinar cuantiosos recursos a esa guerra de sangre, hace tiempo perdida. Puede ganarse, sin embargo, de otras maneras, que es la tesis que algunos países sostienen, pero que en Puerto Rico luce como un horizonte distante.
INCB cita estadísticas del Informe Mundial sobre las Drogas 2017, las cuales indican que “en todo el mundo se perdieron 28 millones de años de vida sana en 2015 de resultas del consumo de drogas. De ese número, 17 millones de años de vida sana se perdieron por trastornos relacionados con el consumo de drogas, aun cuando solo alrededor del 10% de las personas que consumían drogas padecían trastornos relacionados con su consumo. Lamentablemente, en todo el mundo solo una de cada seis personas con trastornos relacionados con el consumo de drogas tiene acceso a servicios de tratamiento. Así pues, es absolutamente prioritario que se presten servicios de tratamiento y rehabilitación a las personas que sufren esos trastornos. Con todo, quienes consumen drogas pero no sufren trastornos tal vez necesiten también ayuda para evitar que se agraven aún más sus problemas de consumo de drogas”.
El problema de la reciente ley aprobada es que no contempla lo que es normal para una persona con problemas de drogas: la recaída. “De incumplir con el programa, se le revocará el beneficio y cumplirá la sentencia correspondiente”, se afirma en las declaraciones oficiales sobre la nueva ley. Esta los envía a la cárcel, evidenciando una vez más la estrechez de miras y la incomprensión del problema de nuestros funcionarios que, ni por accidente, dan dos pasos seguidos ni dejan de ser punitivos.
Aclara el informe de INCB: “La caída (consumo de drogas tras un período de abstinencia) y la recaída (consumo de drogas que adquiere carácter de dependencia tras un período de abstinencia) se consideran etapas previsibles e inherentes al proceso de recuperación. No es realista esperar que alguien logre una abstinencia duradera después de un episodio de tratamiento breve, como tampoco lo es esperar que un paciente con hipertensión tenga una presión sanguínea normal al final de un período de un año si solo toma medicamentos antihipertensivos durante unos días y luego se interrumpe el tratamiento progresivamente. De igual modo, los programas de tratamiento y rehabilitación deberían concebirse como intervenciones a largo plazo que incluyan estrategias para la prevención de la recaída. Es importante que las leyes y políticas nacionales no sancionen a los consumidores por sufrir recaídas después del tratamiento”.
Esa es la lógica (racional) del problema. Pero en Puerto Rico solemos asumir “el milagro” como la forma de resolver nuestros problemas, por eso los reciclamos, regresamos a ellos, los reformulamos y nuevamente esperamos milagros, en vez de enfrentarlos con racionalidad científica (analítica o social).
Se asegura en el Informe que los tratamientos de los trastornos relacionados con el consumo de drogas, con base científica, funcionan. Y el indicador es precisamente la retención del paciente en el programa durante el tiempo que se requiera, distinto a, como se suele hacer en la Isla, con tiempos predeterminados por las leyes o los jueces.
Y aunque la rehabilitación no logre del todo el total abandono del consumo de drogas, indica el Informe que hay otros objetivos que pueden lograrse: reducción del consumo (con un impacto en el tráfico de drogas y los delitos asociados); estabilidad en la vida de la persona (familia, relaciones sociales, y productividad); disminución de la conducta de riesgo o delictiva.
“Por tanto, los servicios de tratamiento y rehabilitación no deberían centrarse exclusivamente en el objetivo final del abandono del consumo de drogas, sino también tomar en consideración los objetivos intermedios de la reducción del consumo de drogas y sus consecuencias nocivas como parte integrante del proceso encaminado a la total rehabilitación y reinserción social”, se sugiere con mucha pertinencia.
Es decir, no es un fracaso que no se consiga la total abstinencia del consumidor de drogas si se van obteniendo otros logros intermedios durante el proceso. Es, al menos, como hemos sostenido, el camino correcto por el que se debe andar. La cárcel, que es lo que les esperara según la nueva ley, es solo un callejón sin salida y más costoso de múltiples maneras.
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