Con historiales cuestionables algunos de los contratistas del gobierno*

 

Mientras Paul Manafort, ex director de campaña del presidente Donal Trump, era investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cabildeaba para atraer empresas chinas a Puerto Rico.

La información, en poder del FBI, surgió en una nota publicada en las revistas estadounidenses Publico y Politico, y una fuente de este redactor cree que ese extremo de la investigación es también investigado.

Según la fuente, el interés de traer a inversionistas chinos a Puerto Rico llamó la atención de los sectores de seguridad nacional en EE.UU. y tuvo el reparo de sectores en Casa Blanca. En estos días recientes, el presidente Donald Trump estuvo precisamente de viaje por ese país asiático y la retórica antichina desplegada durante su campaña presidencial se tornó ahora benevolente.

Manafort fue imputado hace varias semanas de varios delitos, entre ellos lavado de dinero y conspiración contra EE.UU., y se cree que puede ser pieza clave en el “Russiangate”, la conexión entre autoridades y hackers rusos con la campaña de Trump para intervenir y descarrilar las posibilidades de la candidata presidencial Hillary Clinton. Trump, al igual que varios allegados suyos, mantenía negocios en ese país.

Al menos un cabildero puertorriqueño estuvo vinculado alguna vez con la empresa de cabildeo de Manafort. El actual cabildero del gobierno de Puerto Rico, Manuel “Manny” Ortiz, formó parte de la oficina de Manafort años atrás.

En estos días, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz le imputó a Ortiz intervenir en el Congreso para que dejen de preguntar cuántos muertos realmente murieron a causa del huracán María.

Igualmente, la comisionada residente Jenniffer González Colón, tan cercano como este pasado martes 7, se quejó en su cuenta de twitter también de Ortiz, a quien caracterizó como “el cabildero del gobernador”.

González Colón le imputó a Ortiz estar llevando “información incorrecta” de aquí para allá sobre sus gestiones para incluir a Puerto Rico en la nueva reforma contributiva federal.

A la 1:26 de la tarde de ese martes, mientras González Colón atendía una vista en el Congreso, escribió en su cuenta: “Lamento (que) el cabildero del gobernador Manny Ortiz esté llevando información incorrecta sobre mi lucha x la inclusión de PR en la reforma”.

Media hora después agregó la comisionada residente: “Mientras estoy en una vista sobre Puerto Rico lamento (que) pretendan crear diferencias entre el gobernador y yo en nuestra lucha por proteger PR”.

Ortiz cabildea actualmente en Washington, DC., bajo contrato con Pridco por $690,000. Este periodista le dejó una solicitud de entrevista en el correo electrónico de la página electrónica de VantageKnight, de la que es dueño, pero nunca fue respondida.

Ortiz, curiosamente, también trabajó para Greenberg Traurig, el bufete que está en el ojo de la tormenta por su participación y revisión del contrato de Whitefish Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El DDEC le renovó a Ortiz, quien es tenista, y VantageKnight el contrato de $690,000 luego de haberle otorgado uno de $250,000 por tres meses en el pasado presupuesto.

Este, el más importante cabildero del gobierno, tiene entre sus clientes a bonistas y partes interesadas que litigan contra la misma administración de gobierno que lo contrató.

La conexión venezolana

Aunque Ortiz es demócrata, a través de Citgo, la subsidiaria de PDVSA (la empresa petrolera de Venezuela), para la que Ortiz también cabildea, se otorgó $5000,000 para la toma de posesión del presidente Trump. Sectores asumen que el presidente venezolano Nicolás Maduro promovió el donativo.

Según el diario Las Américas, Ortiz es “el hombre clave de Maduro” para cabildear ante Trump para que relaje las restricciones impuestas por Obama contra ese país. Esa versión fue repetida por Radio La Voz de América. Ortiz sostuvo a esos medios que “profesionalmente no tiene nada que ver con el gobierno venezolano”, en Puerto Rico indicó que la empresa es norteamericana.

La nota reproducida en el diario Las Américas, caracteriza a Ortiz como “un estratega con extensas conexiones a influyentes líderes políticos”, quien “ha saltado a la palestra internacional tras la reciente revelación de que, a través de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, donó $500,000 a un fondo para la investidura de Donald Trump del pasado 20 de enero”.

El gobierno venezolano estaría impedido por las leyes de EE.UU. de hacer la donación, pero la empresa petrolera habría canalizado el dinero a través de su subsidiaria norteamericana Citgo, con sede en Houston.

Ortiz no contestó requerimientos de información de la periodista María Peña, que originó la historia.

En estos días Rusia le ofreció un rescate financiero a Venezuela. Mientras, la compañía de petróleo del gobierno ruso, Rosneft, le otorgó un préstamo a PDVSA garantizados con el 49.9% de las acciones de Citgo, que, en el caso de un “default”, como se espera, tomaría el control de Citgo, una posibilidad que fue tildada por un senador federal como “amenaza a la seguridad nacional de la infraestructura energética” y con capacidad para influir en los precios de los combustibles en EE.UU.

La participación de Ortiz como cabildero de Citgo es complicada. Informes periodísticos informan que la empresa de cabildeo Avenue Strategies, de Corey Lewandowski, tiene un subcontrato con VantageKnight para trabajar la cuenta de Citgo. El problema que se plantea es que Lewandowski fue el primer director de campaña de Trump. Avenue Strategies fue traída al ruedo para bregar con las sanciones a Venezuela, dada la cercanía de Lewandowski con Trump.

Igualmente se informó que Avenue Strategies obtuvo también un contrato con Puerto Rico Federal Affairs Administration, con la que contrató Ortiz.

La conexión china

En febrero de este año, el gobierno insular anunció un foro de inversión china en la Isla. El First China Puerto Rico Investment Forum se llevó a cabo del 1 al 3 de marzo de 2017, en el Centro de Convenciones de Miramar.

El evento debía posicionar la Isla “como un lugar ideal para la inversión de China en Estados Unidos y América Latina”. El anuncio lo hizo el propio gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo estuvo acompañado de Sam Mei, fundador de Yingke Ecosystem y presidente de Yingke Global Holdings; Richard Mei, cofundador de Yingke Travel; y Jeff Carmichael, director ejecutivo de Caribbean China Center.

En algún momento, el mismo Rosselló Nevares tuvo una inversión en una empresa de bioingeniería en China, aunque se desligó de ella por sus compromisos políticos.

El secretario de Desarrollo Económico Manuel Laboy Rivera dijo entonces que aparte de las inversiones, esperaba incrementar las relaciones comerciales y el turismo chino.

En marzo, Laboy Rivera anunció la firma de un acuerdo de entendimiento entre el gobierno, la empresa radicada en China Dura Shred y la compañía puertorriqueña Grupo Nuevo Mundo, para desarrollar proyectos de reciclaje de neumáticos en Guánica, Toa Baja y Juncos, con una inversión aproximada de $20 millones.

“Los esfuerzos para crear nuevos negocios y empleos, en alianza con empresarios chinos y empresarios puertorriqueños, están rindiendo frutos”, dijo el titular entonces, refiriéndose además a la inversión de $200 millones para desarrollar un complejo turístico y cultural en la Isla.

Ya en junio, según Politico, Rosselló Nevares reveló que “nunca se materializó” un acuerdo en el que inversionistas chinos hubiesen invertido hasta $45,000 millones en la AEE y en bonos de la isla.

Según una fuente de este reportero, los chinos pretendían comprar deuda de Puerto Rico a 30 centavos de dólar. La Casa Blanca habría tenido reparos de la influencia china en los mercados de bonos municipales y le puso freno al intento, que consideró un asunto de seguridad nacional.

Representantes del gobierno local, Manafort y China Development Fund sostuvieron un encuentro el 12 de mayo sobre esas inversiones. Manafort ya era investigado por el FBI.

La fuente consultada aseguró que Laboy Rivera estuvo en esa reunión con Manafort y los chinos. No se conoce los nombres de otros representantes del gobierno de Puerto Rico, pero el China Development Fund fue representado por Benjamin Ng, quien habría admitido públicamente el interés.

Manafort, según las publicaciones en EE.UU. aseguraba que podría convencer a la administración Trump, de la que es cercano, de respaldar el negocio.

Manafort tiene igualmente estrechas relaciones con oligarcas ucranianos. La actual directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalia Jaresko, es ucraniana nacida en EE.UU. y durante su ejercicio como ministra de finanzas de Ucrania el Producto Nacional Bruto cayó 32% (según The MJR Report). Este país es igualmente central en las acusaciones federales contra Manafort. Jaresko mantiene la teoría de la austeridad, particularmente en los servicios sociales, y la privatización como mecanismos para salir de las crisis fiscales de los gobiernos.

El entusiasmo de Laboy Rivera con los chinos fue tanto que llegó a proponer hace unos meses que se enseñara mandarín en las escuelas públicas de Puerto Rico.

La revista Politico solicitó a la oficina del gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) información sobre la reunión y no se les contestó, lo que se ha convertido en una práctica usual de esta administración cuando son de peso las controversias.

La publicación norteamericana agregó que en medio de esas conversaciones estaba además el empresario de tecnología puertorriqueño Héctor Hoyos, dirigiendo las conversaciones. Hoyos ha sido también socio de Manafort en algunos negocios, según la revista, que lo entrevistó.

Hoyos ha indicado que presentó en Shanghai a los dirigentes del conglomerado chino mundial Pacific Construction Group, deseoso de hacer negocios en EE.UU., en Shanghai.

Manafort fue socio del notorio cabildero republicano Charlie Black, en “Black, Manafort, Stone and Kelly”. Black ha sido cabildero del PPD.

La conexión Whitefish-Greenberg Traurig

Esta no es la primera vez que el gobierno local hace gestiones con empresas o personas que o no llenan ciertas cualificaciones profesionales o son objeto de graves controversias que aun deben dilucidarse, como Whitefish Energy, por ejemplo.

Ese contrato por $300 millones obligó al presidente Trump a contestar preguntas de la prensa internacional en Washington, DC. por la relación cercana del secretario del interior Rya Zinke con la empresa del estado de Montana, que tiene dos funcionarios electricistas, y porque esa misma empresa es capitalizada por un fuerte donante de la campaña de Trump, el inversionista Joe Colonnetta. Trump negó públicamente cualquier relación con Whitefish, así como su funcionario de gabinete.

La forma exacta en que Whitefish Energy llegó y contrató con la AEE es aun elusiva y el director Ricardo Ramos dice que tampoco sabe. La AEE canceló, tras surgir a flote controversiales términos del contrato, la relación comercial. El pasado martes el director ejecutivo Ricardo Ramos canceló imprevistamente una vista e el Congreso sobre el tema. El bufete Greenberg Traurig fue el que revisó el contrato.

Whitefish Energy también conoce al bufete Greenberg Traurig. El bufete fue abogado en un sonado caso en la ciudad de Whitefish en Montana. Este bufete –Greenberg Traurig- ha estado contratado por el gobierno insular bajo la actual administración.

El cabildero Manny Ortiz también trabajó para Greenberg Traurig. Nunca se ha indicado si fue Ortiz el que recomendó al gobierno la contratación de ese bufete.

Como abogados de la AEE y la Aafaf, ese bufete revisó el contrato entre Whitefish y la corporación pública y determinaron que la cláusula para que este no fuese auditado por ninguna agencia estatal o federal no les parecía que atentaba contra los intereses de los gobiernos estatal y federal. Tampoco los términos de pago les parecieron exorbitantes.

Tanto “el cabildero del gobernador”, como describió la comisionada residente a Ortiz, como Greenberg Traurig, manejan temas de energía y telecomunicaciones. Manafort, mientras tanto, intentó gestar negocios con la Isla en infraestructura y telecomunicaciones, y energía. Ortiz es consultor de Prfaa.

Ortiz también ha estado o está aun bajo contrato de cabildeo de Ambac Assurance, aseguradora de bonos con intereses en la AEE. También es cabildero de Citigroup, que es otro de los acreedores de la AEE. Igualmente es cabildero de la entidad sin fines pecuniarios Conservation Trust Fund of Puerto Rico.

En mayo pasado, el entonces representante del gobierno ante la junta de control fiscal Elías Sánchez, informó que Greenberg Traurig sería uno de los abogados del gobierno que atendería los litigios bajo la ley federal Promesa y reconoció que sería un gasto millonario para la Aafaf.

Una búsqueda en Internet sobre el historial de Greenberg Traurig arroja que diferentes oficinas del bufete a través de EE.UU. tienen un historial de ser imputados de delitos de corrupción. Inclusive tuvo que devolver $7.6 millones al FDIC.

El notorio cabildero Jack Abramoff trabajaba para Greenberg Traurig cuando fue imputado por actos de corrupción. El bufete lo despidió. Sin embargo, las acusaciones señalaron que “hay un nexo entre Greenberg, los empresarios y el patrón de raqueterismo”.

En el 2008 el territorio de Guam acusó a Greenberg de varios cargos criminales relacionados con facturaciones fraudulentas. El caso se medió con un pago de Greenberg de $324,000.

En el 2005 un ex empleado de Greenberg en Chicago, no acusado, Víctor Reyes, fue sin embargo involucrado por la fiscalía en un esquema “de embudo” de trabajos para la ciudad que favorecían al alcalde Daley.

Ese año un ex empleado de Greenberg en la oficina en Filadelfia fue acusado de fraude y corrupción, mientras otro de sus abogados fue imputado de delitos anteriores a su ingreso a la firma, que había sido laxa en hacer un trasfondo criminal de su empleado.

En junio de 2006 Greenberg Traurig zanjó una disputa con el FDIC al pagarle $7.6 millones por su papel como asesores legales de un banco en Miami (Hamilton Bank, que fue a la bancarrota) en el que se le imputó al bufete ayudar a encubrir la negligencia profesional de los oficiales bancarios. El bufete pagó otros $750,000 al Contralor por alegadamente proteger a los oficiales bancarios mediante la creación de documentos falsos, suprimir evidencia y hacer afirmaciones engañosas.

En noviembre de 2006 el director del área de contribuciones de Greenberg en Nueva York fue desaforado por recibir sobornos montantes a $1.2 millones de poderosos clientes. En el 2008 un cliente insatisfecho demandó a Greenberg Traurig porque no realizaron su labor fiduciaria e hicieron una práctica negligente de sus funciones que resultaron en daños económicos para el cliente.

Además, en diciembre de 2008 varios abogados de la firma fueron demandados en la corte federal de Virginia por falso testimonio a la corte y falsa representación de un funcionario de ley y orden (al hacerse pasar como fiscal).

En el 2014, prosigue el historial de la firma de abogados que aparece en Wikipedia, el SEC indagó las relaciones entre un ayudante de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y un cabildero de Greenberg Traurig que recibió información privilegiada del staffer.

Ese es el bufete que el gobierno contrató como su principal asesor legal y al que perteneció Ortiz, quien también trabajó con Manafort.

De Jaresko igualmente hay graves imputaciones de conflictos de intereses mientras desempeñó sus funciones anteriores y de enriquecimiento ilícito. #

 

 

*Esta versión refleja una ampliación importante.

Deje un comentario

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s