“Y caí otra vez”: la Isla frente a las drogas (parte II)

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Del International Narcotics Control Strategy Report-INCSR (revelado en marzo de este año), una publicación anual del Departamento de Estado federal (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement), que atiende al año 2016, se deduce la fallida estrategia de “represión” de la guerra policíaca-militar contra las drogas.

No sorprende que en estos momentos EE.UU. atraviese su peor crisis de heroína desde la década de 1980. “Public health officials have called the current opioid epidemic the worst drug crisis in U.S. history”, se cita en el informe. La heroína y los opiáceos, según la Oficina de Drogas y Criminalidad (UNODC) de la ONU, son la amenaza mundial de drogas más grande en todo el mundo. En EE.UU. no son solo una amenaza, ni solamente una epidemia de uso. Existe en este momento una “epidemia de sobredosis de drogas” por opiáceos. Es decir, esas vidas no únicamente están dejando pasar su momento de formación social y más productivo, sino que se van para no volver, como dice el poeta sobre la juventud.

En breve tiempo, a estas muertes por heroína se añadirán las sobredosis por cocaína, solo es cuestión de que “la oleada” de los actuales aumentos en los cultivos de coca y el manejo de su distribución tengan su “impacto completo”, reconoce el reporte. Los datos, que cito a continuación, son sobrecogedores.

Mientras la producción de cocaína en Colombia y países vecinos (Perú, Bolivia, Venezuela) aumenta en 81%, México (donde aumentó de 11,000 a 28,000 las hectáreas dedicadas al cultivo de la flor de amapola) abastece por otro lado el 94% de la heroína al gigante del norte, que aumentó considerablemente su demanda. En EE.UU. también se ven signos de un aumento en el uso y disponibilidad de la cocaína por primera vez en una década. El reporte INCSR tiene consecuencias legales, pues obliga al presidente de EE.UU. a tomar medidas, desde proveer más asistencia de todo tipo hasta sancionar, contra aquellos países que no han realizado “esfuerzos sustanciales” para impedir la producción y tránsito de drogas ilegales. Esto es, sencillamente, implantar una política pública guerrerista.

En Colombia nada más los cultivos de coca aumentaron 39% en 2014 y otro 42% en 2015 (159,000 hectáreas, llegando al récord de tiempos que creyeron idos).

The Washington Post reveló el pasado 8 de mayo que luego de una inversión de 10,000 millones de dólares durante 17 años en el Plan Colombia, los narcos en este país este país aumentaron la siembra de la coca, hasta llegar a los 460,000 acres, mucha más cantidad que en tiempos de Pablo Escobar. Es tanta la cocaína disponible que los precios han caído a bajos niveles, con la consiguiente mayor accesibilidad para el que necesite y desee utilizarla. El fallido y costoso plan de rociar los sembrados con herbicidas, carcinógenos por cierto, ha acabado. El plan para que los agricultores sustituyan la siembra de cocaína con productos como el café, el cacao y otros no ha sido eficiente, y ahora se incentivará nuevamente ese cambio ofreciéndoles hasta $12,000 a lo largo de varios años, que podría costar hasta 500 millones anuales. Una vez más, es la pobreza de las familias la que decide.

Aun con sus propios datos, el gobierno federal insiste, según el reporte, en que la asistencia, mayormente militarista, es la indicada para atajar la adicción, la producción y el tráfico de heroína, cocaína y marihuana, ya sea comprometiendo a los países productores con su política pública prohibicionista, con consecuencias graves de no sumarse a ella, y haciéndoles partícipes de sus iniciativas activas “hasta lograr progresos eventuales”, un entusiasmo que luce caprichoso y no basado en la evidencia histórica. La intención se produce mientras el gobierno de Colombia y la DEA aumentaron en 2016, en sobre 40%, la incautación de cocaína (421 toneladas métricas), se trafica a niveles históricos y mantiene la colaboración más cercana que nunca con las autoridades federales. En los primeros cuatro meses de 2017, se confiscó 115 toneladas métricas de cocaína en Colombia. Es común señalar que por cada cantidad que se confisca, el doble o el triple se escapa.

Y hay más. Afganistán tuvo el potencial de producir 4,100 toneladas de opio en 2015, Burma 900 en 2014, Pakistán 29 en 2015, Colombia 24, Guatemala 6, México 600. La producción potencial combinada de cocaína pura de Colombia, Perú y Bolivia es de 1,100 toneladas. De estas, 710 producidas en Colombia en el 2016, que en el 2013 produjo 235. Y la potencial exportación de cocaína de calidad (con elementos añadidos) es de 1,500 toneladas. Los tres países combinados destinan 248,000 hectáreas al cultivo de coca, 55,000 más que en 2015; 81,000 más que en 2014, y 95,000 más que en 2013. Y mientras Afganistán mantiene sus ya elevados niveles de áreas de cultivo de heroína, México y Colombia las amplían.

“¿Cuántos miles de millones hemos gastado para erradicarla en los últimos 15 años?… Y el resultado final es que seguimos siendo el mayor productor mundial de cocaína”, denunció a TWP el colombiano Eduardo Díaz, quien encabeza la iniciativa de sustitución del producto por siembras comestibles.

Si en la Isla se tendrá en cuenta o no las decenas de estudios que demuestran, como hemos visto, que los miles de millones de dólares anuales que se aportan a la guerra policíaca y militar contra las drogas no ha reducido la producción de drogas ilegales ni el consumo, o si se le dará el peso científico que aportan para intervenir de manera ilustrada con el problema, se verá en el camino. Tal vez sea hora de reevaluar dónde se pone el peso de la política pública… y el dólar. Puerto Rico tiene una densidad policial de alrededor de 428 policías por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es de 365.5, indica el informe Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe 2017. Esa visión policíaca contra el crimen caracteriza al Caribe, surge de este estudio, y de ningún modo ha tenido un efecto paliativo en la violencia criminal, el consumo de drogas ni su uso como ruta de transporte.

“Si bien el gasto en educación y salud parece estar correlacionado positivamente con mejores resultados en esos sectores, el gasto en seguridad ciudadana no se ha asociado con resultados en términos de mejoras en seguridad y tasas delictivas más bajas. De hecho, países con similares niveles de gasto pueden enfrentar tasas de homicidio completamente diferentes, lo que sugiere la presencia de ineficiencias potenciales en el gasto público”, se asegura en el informe sobre el crimen y la violencia en América Latina y el Caribe.

Es imposible, debo aceptar en esta ya extensa nota periodística, llegar al fondo del asunto; es como tratar de beberse el Orinoco y llega el momento en que los datos resultan puramente acumulativos. La verdad posible es que no tenga fondo, y me preocuparía descubrir que es ahí donde flotan (o yacen) las respuestas. Sin embargo, dice el adagio latino, Provehito in altum. Y comprendo, por otro lado, que un reportaje desagradable como este pondrá más presión en la herida de las víctimas del crimen, así como presionado debe estar, aunque no estoy seguro de ello, el gobierno para atajar con eficiencia el problema. Sin embargo, no podemos ocultar que cada día surgen nuevas revelaciones, detalles muchas veces, que abonan una y otra vez a cuestionar con gravedad la concepción en el tratamiento policíaco-militar de la guerra contra las drogas, que ha sido de la única manera en que Puerto Rico verdaderamente ha atacado el problema, si nos fijamos en donde el gobierno pone el dólar.

En la década de 1990 el gobierno envió la Guardia Nacional a servirle de “back-up” a los policías. No tuvo los resultados esperados, y el costo para el erario fue monumental. Hoy día se ha optado por militarizar a los policías. Una investigación del periódico New York Times (NYT) del 18 de marzo revela cuan inútiles y riesgosas para todos los involucrados han sido en EE.UU. aquellas intervenciones de SWAT en las que se les permite irrumpir en hogares sin tocar la puerta ni advertir su presencia (la ley ya les permitir tocar y esperar 15 segundos). Los equipos SWAT han ido evolucionado de fuerzas tácticas, quirúrgicas, a fuerzas de choque militarizadas. El Pentágono ha distribuido desde el 1997 unos 6,000 millones de dólares en equipo militar diverso a las fuerzas policiales estatales, sobre todo vehículos y armas, que suelen caer en manos de los equipos SWAT. La nota del NYT advierte el “rastro de sangre” que dejan estas redadas, y no únicamente sangre narca, si se considera narco a una persona con algunas bolsitas de lo que sea, sino también muerte de oficiales, además de la vida de inocentes que una mala investigación policíaca sepultó. Por lo menos 81 civiles inocentes muertos, niños entre ellos, y 13 agentes caídos solo entre 2010 y 2016.

El escritor ruso Fiodor Dostoievski se preguntaba qué podía justificar la lágrima de un niño inocente. “¿Puede haber lugar para la absolución de nuestro mundo, para nuestra felicidad, para la armonía eterna, si para conseguirlo, para consolidar esta base, se derrama una sola lágrima de un niño inocente?” No tardó en contestar él mismo la interrogante. “No. Ningún progreso, ninguna revolución justifica esa lágrima. Tampoco una guerra. Siempre pesará más una sola lágrima”.

En nuestra hermana República Dominica se anunció el pasado 30 de marzo la militarización de la lucha contra el crimen, al activar a sobre 7,000 militares para que se unan al patrullaje en las calles, lo que supone un gasto pesado para un país con escasos recursos. Es la séptima vez en 15 años que lo hace, y el quinto año consecutivo. “En cada una de esas ocasiones, los uniformados han sido la respuesta ante el incremento de hechos delictivos, y ante el reclamo de sectores de la sociedad preocupados por los altos niveles de inseguridad pública que vive República Dominicana”, cita la agencia de noticias Inter News Service del comunicado de prensa de gobierno. El quinto año consecutivo con la misma estrategia y aun así no bajan los niveles delincuenciales. ¿No es hora de que cambien la estrategia? Ciertamente no ha cambiado allá, y tampoco ha cambiado acá. El enfoque castrense del cuerpo policial de Puerto Rico se reafirmó con la designación de la militar de carrera, retirada, coronel Michelle Hernández, a cargo de la Policía.

Si bien “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”, apuntó el padre fundador de la nación norteamericana Thomas Jefferson, el costo no puede ser la libertad misma. “Mejor libertad con peligro, que paz con esclavitud”, advierte J. J. Rousseau al duque de Lorena. Los detalles de la investigación del emblemático NYT sobre las fuerzas paramilitares SWAT demuestran la militarización, una vez más, de esa guerra contra las drogas y el crimen, y entre otras consecuencias, esta vez para los ciudadanos de a pie, es la reducción del marco de libertad. En Puerto Rico se camina pisando con exactitud esas mismas huellas que hasta ahora no han llegado a ningún lugar. En ese marco de estrategias cuestionables y contradictorias asoma nuevamente en la Isla la visión punitiva, no preventiva ni rehabilitacional. Son varios proyectos en ristra que solo acrecientan la política de castigo y la política moralizante del problema del crimen, mientras la Isla se hunde en el pantano farragoso de la miseria económica y en las adicciones. No hay que tensar el arco demasiado, advertiría el dios Apolo.

Mientras, el frente Coalición de Coalisiones denunció a finales de marzo que alrededor de 25,000 personas sin hogar, muchos de ellos con problemas de salud mental y adictos, y otras 15,000 en espera de vivienda pública, perderán las esperanzas de recuperación debido a la política de austeridad. “Nos encontramos ante un sistema que solo quiere reconocer la situación del país vinculándolo a problemáticas individuales antes de reconocer que, en su mayoría, estos problemas son producidos por marcos de desigualdad que crea el propio sistema económico, político y social. Esto contraviene con el acceso a la vivienda al cual toda la población tiene derecho”, se informó ante una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) que analiza el efecto de la Ley federal PROMESA en sectores desventajados. Se reveló entonces que el problema ataca severamente a jóvenes de entre 18 y 21 años, sin hogar, “durmiendo en vehículos, edificios abandonados y en la calle realizando trabajo sexual de sobrevivencia para lograr obtener un lugar donde dormir y algo para comer”. No se ve, fue denunciado, un plan para atacar la pobreza. “A mayor población desatendida mayores problemáticas sociales se producen; mayor criminalidad, mayores costos en servicios de emergencia con deterioro de salud, pérdida de vivienda, violencia doméstica, trabajo sexual y enfermedades, entre otros”. El hamster sigue corriendo desenfrenadamente en su jaulita circular, creyendo que avanza, como cree el gobierno que avanza en su lucha contra las drogas.

Lo que sí tenemos es un nuevo Departamento de Seguridad Pública, que integra las siete princiales agencias de seguridad, y debe ser “más eficiente”, casi un Deus ex Machina, para reducir la criminalidad mediante una mayor coordinación de sus operaciones. El ahorro en el costo administrativo debe ser un beneficio no cuestionado. Más problemático es creer que disminuirá, al menos a largo plazo, la incidencia criminal asociada a las drogas, a menos que uno piense que el crimen solo es un problema de falta de represión en la población. Los legisladores así lo creen. “La única manera de combatir esa empresa criminal es organizando una estructura que pueda tener todo el alcance, información y espacio para definir zonas que pudieran ser vulnerables para la actividad criminal”, afirmó un senador, cuyo nombre no interesa a nadie, durante la argumentación del proyecto de ley. Bajo ese razonamiento solo queda invocar el estado de sitio, como lo ha hecho Duterte, si es que creen que puede ser más efectivo y aunque olvidemos que países en un permanente estado de sitio no han tenido resultados positivos. Otro senador señaló: “Necesitamos un cambio, un enfoque diferente, integral, multiseccional y multidisciplinario que ha tenido éxito en otras jurisdicciones”, una retórica muy progresista aunque su defendido proyecto solo incrementa las mismas medidas que se han venido tomando en los últimos 45 años de guerra sin cuartel contra el crimen. Como Tertuliano, creen porque es absurdo.

Este es un país donde un aumento en la cantidad de arrestados y en la presentación de denuncias son estadísticas “alentadoras”, y “adelantos en la lucha contra el crimen”, como revela una comunicación oficial de gobierno del 2 de abril, cuando lo que debiera preocupar es que tantas personas continúen cometiendo “delitos” y tantos estén encarcelados. Hay que preguntarse si de verdad lo que implica un aumento de 32.6% de arrestos “efectuados por drogas” (y hasta un 81.4% por conducir en estado de embriaguez) no es otra cosa que evidenciar una vez más la ineficacia de las políticas precedentes y la descomposición social. Arrestar, imputar y denunciar a más personas -debido a un nuevo plan anticrimen-, nunca ha resuelto el problema. El medio informativo digital The Intercept reportó el 12 de octubre de 2016 que cada 25 segundos una persona es arrestada en EE.UU. por posesión y uso personal de drogas: unas 137,000 personas arrestadas en cualquier día; 1.25 millones al año; 547,000 arrestados por posesión simple de marihuana en el 2015. Estadísticas como esa solo dan una falsa impresión de seguridad. Ya vimos en la primera parte de este reportaje los problemas que causa tener a una gran parte de la población encarcelada. Hoy día, tanto en EE.UU., y particularmente en Puerto Rico, las estadísticas en el crimen producen miedo.

Aquí no se debe celebrar la eficiencia de los agentes de ley y orden. Hay cierta, ni completa ni transparente, eficacia en arrestar y procesar, mientras al mismo tiempo se agrava el problema de criminalidad y adicción. Lo que debe preocupar es que haya tanta gente necesitada y vinculada con las drogas, sea por adicción o narcotráfico, (y con la irresponsabilidad social de guiar borracho). Las estadísticas en EE.UU., al igual que las locales, demuestran que las estrategias de prevención y los planes anticrimen, que históricamente solo se diferencian en cuán fuerte aprietan, no han sido eficientes. Por otro lado, la secretaria de Justicia parece reducir los motivos de los delincuentes, la mayor parte de ellos adictos, al “sentido nefasto de la impunidad” que tienen ante el sistema de ley y orden. Esa es una visión muy pobre de las causas de la criminalidad, altamente asociada con las drogas, que sobrevive desde Anslinger. Curiosamente, y muy contrariamente, el director del FBI en la Isla, Douglas Leff, indicó recientemente que “la crisis económica” es un factor en el aumento de la criminalidad. El Estudio de prevalencia de trastornos (citado en la primera parte de este reportaje) establece desde un inicio que “como consecuencia de esta recesión la población ha estado y sigue estando sometida a muchos estresores que están relacionados a (con el) riesgo de salud mental”. La pobreza, el desempleo, la baja tasa laboral, la criminalidad, la migración, se indica, entrelazan esas causas.

El Consejo especial para atender la desigualdad social (CEADS), que operó durante la administración pasada, indicó que la desigualdad se manifiesta en el discrimen, la pobreza, la marginalidad, la exclusión, la opresión y la explotación, según se reporta en su estudio “La matriz de la desigualdad social para Puerto Rico: guías para la toma de decisiones”, de 2016.

Una sociedad no es más segura porque el gobierno decida confrontar con mayor rudeza la violencia y el narcotráfico. No lo ha sido hasta ahora, no podría entender porqué lo será en el futuro. Una sociedad es más segura en la misma medida en que las desigualdades sociales sean menores. “Francamente, no creemos que la violencia es el instrumento adecuado para eliminar de Colombia la coca”, cita The Washington Post al ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

Otros proyectos de ley, cum grano salis, solo añadirán sumariados a las cárceles. Uno de ellos enmienda las reglas locales de Procedimiento Criminal para hacerlas más semejantes a las del foro federal, mucho más restrictivas, aun cuando nuestra Constitución tiene una factura más ancha de derechos ciudadanos que la de EE.UU. También se proponen alargar las sentencias a los delitos de escalamiento, amenaza, incendio, apropiación ilegal agravada de fondos públicos y la obstrucción o paralización de obras, servicios de enseñanza y salud. Se imponen requisitos adicionales a los imputados de delitos graves al momento de fijar la fianza; que no se permita el beneficio del pago del 10 por ciento en efectivo y no se les difiera, y que más delitos estén sujetos a supervisión electrónica bajo el programa que ofrece la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Igualmente se limita en una etapa del juicio la opción del acusado a renunciar al derecho a juicio por jurado al requerirse la anuencia del juez y el ministerio público. A estas restricciones de los derechos, se le añaden otras propuestas del estado, entre ellas, para que fiche y tome huellas dactilares de un detenido al que no se le han presentado ni siquiera denuncias ante un magistrado (Regla 6), y otra que flexibiliza más aun la presentación de evidencia contra un denunciado en la etapa de vista preliminar de causa para juicio.

El argumento curioso de que “se busca reestablecer la confianza en el sistema de justicia” se estrella contra la realidad de que ese no es el problema. Tan falaz como demagógico es el argumento, que en contra del proyecto se expresaron la Oficina de Administración de Tribunales y la Sociedad para la Asistencia Legal, un organismo privado (subvencionado por el gobierno) que defiende a las personas con escasos recursos económicos acusadas de delitos, la mayoría de los encausados en la Isla. Una representante de la mayoría legislativa delató el verdadero propósito de los proyectos: “es un mensaje férreo del Gobierno de Puerto Rico, que no va a tolerar estas conductas”. Caveat emptor.

El secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez, señaló en una ponencia escrita en una vista pública que ese proyecto de enmiendas a las normas para la determinación de reincidencia “es cónsono con el propósito disuasivo que rige la adopción de un código penal para reducir la incidencia de conducta delictiva”. No explicó, sin embargo, ni le preguntaron, cómo es posible que luego de 45 años apretando continuamente las tuercas de los procedimientos y de las sentencias y militarizando los esfuerzos contra el crimen, la delincuencia aun mantenga tan altos niveles; si no se es ya lo suficientemente punitivo, si es que hay algún error en la estrategia, que ha sido mayormente de carácter legal, para beneficio de abogados, fiscales y jueces, para policías, oficiales de custodia, otras agencias de seguridad y para las empresas que giran alrededor. Todos en ley y con empleos que, muy seguramente, serán permanentes o de larga duración. Un perfecto estado de derecho que solo sabe apretar, apretar y apretar.

Mientras tanto, el Estudio de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos aporta el dato que, localmente, y como si no fuera poco lo indicado hasta aquí, confirma la necesidad de reevaluar la manera en que se combate las adicciones. “Un hallazgo significativo en este estudio es que la prevalencia de trastornos de uso de drogas (3.3%) se duplicó comparado con el estudio de Colón et al (1998) (1.3%)”.

Desde esta última fecha -1998- la isla ha visto casi doblar el presupuesto destinado a las agencias de ley y orden. Desde ese mismo momento, hasta el 2016, también ha visto doblar la prevalencia de uso de drogas. Hay otros usuarios que, no necesariamente son, dependientes. Esos son, posiblemente, parte del 17.8% que, según el Estudio del RCM, informó haber estado usando drogas en los últimos 12 meses anteriores al momento de la investigación. No sería innecesario aportar otro dato del Estudio que mueva a lo que la misma investigación llama “un análisis comprensivo de las políticas del gobierno que afectan la operación de los sistemas de servicios de salud mental”. El trastorno de uso de sustancias es de 18% en jóvenes de entre 18 y 25 años, una cifra alarmante que luego va descendiendo a 11.9% entre personas de 26-45 años y 8% de 46-64 años.

Puerto Rico ocupa el duodécimo lugar entre los mayores consumidores de cocaína del continente, de 35 países y mil millones de personas, reveló un informe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito el pasado 25 de junio de este año. El primero es EE.UU., y debo recalcar que la Isla tiene apenas 3.4 millones de habitantes.

La cantidad obscena de dinero que se destina a la guerra policíaca-militar contra las drogas no ha reducido la cantidad de adictos y menos de los que mueren por sobredosis. Al 31 de diciembre de 2015, ASSMCA, citando estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses, reportó 4,172 muertes en la Isla por sobredosis entre el 2000 y el 2015. Estas muertes incluyen las habidas por alcohol, muy pocas. Unos 3,563 fueron varones (85.4%) y el 14.6% (608) mujeres. El 87.5% tenía 26 años o más al momento de la muerte. Estas son otras muertes colaterales que, además de los asesinatos entre los vinculados con drogas, o de los policías caídos y los narcos muertos al enfrentarse a las autoridades, así como de los inocentes, se pueden adjudicar a esa guerra abierta en la que el gobierno de Estados Unidos gasta 41,000 millones de dólares anuales, sobretodo para combatirlas en un frente de guerra, aunque también destina para investigación, detención, enjuiciamiento, encarcelamiento y el tratamiento, escaso o erróneo, en las cárceles.

Tantos son los muertos por sobredosis en EE.UU. que la partida que destinó en su presupuesto anual el estado de West Virginia para enterrarlos gratuitamente en este año, si son indigentes, se agotó en los dos primeros meses. Por quinto año consecutivo los muertos por sobredosis explotaron el presupuesto, pero nunca tan rápidamente. El dato, contenido en el Wonkblog, de The Washington Post, indica que el presupuesto es de dos millones de dólares, asignando $1,250 a cada entierro de indigentes. Unos 1,508 indigentes, aunque no todos por sobredosis, han sido enterrados en par de meses. En el año 2015 ese estado tuvo un promedio de 41.5 casos de muertos por sobredosis, por cada 100,000 habitantes. El más alto de la Nación, cuyo promedio es de 10.4

En Estados Unidos en general murieron unas 33,000 personas en el 2015 por sobredosis de opiáceos (ilegales o legales), la primera vez que suceden más muertes por sobredosis de opiáceos que por asesinatos con armas de fuego, destaca el INCSR. También es una cantidad mayor a los muertos por accidentes de tránsito. La epidemia, que ha conmocionado a esa nación, se ha disparado desde el 2007. Hasta el 2012, los Centers for Disease Control (CDC) reportaron que el número de usuarios aumentó en 80%. En el 2014 hubo 10,500 muertos por esta razón. Al 2015 sencillamente se elevó como un cohete a pesar de que la interdicción contra la heroína aumentó cuatro veces por la frontera mexicana. Entre el 2000 y el 2015 murieron por sobredosis de opiáceos (ilegales o legales) cerca de 200,000 personas en EE.UU (Associated Press-The Center for Public Integrity). Nuevamente, debemos retener ese dato, particularmente porque debió cambiar el acento en la manera en que se combate ese problema, es decir, mediante la guerra contra las drogas, y no lo ha hecho.

Además, como sobrecargo, las muertes por sobredosis de cocaína en EE.UU. fueron en 2015 las más altas desde el 2007 (INCSR). Por ahí vienen sonando otros tiros, advierte el gobierno federal al proyectar que gran parte de todo el incremento en la producción mundial de cocaína acabará pronto en sus calles convertida en sangre derramada. Entre el 2013 y el 2015 aumentó en 61% la cantidad de jóvenes que usaron cocaína por primera vez, según el US Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

Puerto Rico, al contrario, ha visto reducirse las muertes por sobredosis desde el 2000. De esa fecha hasta el 2015 murieron 1,472 personas por intoxicación de drogas y alcohol. Sin embargo, los adictos de la Isla son dados a inyectarse con mayor frecuencia (hasta 4 veces al día) que en EE.UU. Eso tiene consecuencias fatales. La probabilidad es que una inyección de cada 125 infecte con sida, 12 para hepatitis. Tampoco se han reducido apreciadamente las muertes asociadas con condiciones y enfermedades que deterioran la salud de los adictos, precisamente el sida, la hepatitis y otras –mucho más que en EE.UU.- y ocurre en los momentos en que la crisis en el sistema de salud boricua amenaza con quedarse inoperante.

Según el Perfil Epidemiológico Integrado para la Prevención del VIH en Puerto Rico, 2005-2011, del Departamento de Salud (DS), “a nivel nacional Puerto Rico cuenta con una de las tasas más altas de incidencia y prevalencia de sida”. Y precisamente, “desde el 1984 el uso de drogas inyectables ha sido el modo de exposición reportado con mayor frecuencia en Puerto Rico”. La cantidad de transmisiones de VIH aumentó de 2015 a 2016, refleja por otro lado el Puerto Rico AIDS Surveillance Summary. Las muertes por otras condiciones asociadas a las adicciones, no solamente por sobredosis, no son una estadística que se maneje en la Isla.

Lo insólito es, reconoce el DS, que “el VIH es una infección altamente prevenible”, pero no lo ha sido en la Isla. Y la heroína, como han reconocido las autoridades federales y el Estudio del RCM, ha vuelto a elevar su nivel de dependencia también en Puerto Rico, con 44,000 adictos aproximadamente, que a todas luces parece una cifra muy conservadora. Es la heroína y sus derivados, para el INCSR, “la amenaza de drogas más grande”, especialmente peligrosa porque se ha incrementado su adulteración con opiáceos sintéticos (fentanyl y acetyl fentanyl -entre 25 y 50 veces más poderosos que la heroína y la morfina-, hydrocodone, oxycodone). Esa es la misma heroína que llega a Puerto Rico. Como destacara en la primera parte de este reportaje, es la “ley de hierro de la prohibición”. Cuando no se regula no es posible saber qué aditivos le incorporan para hacerla más potente. Ahora mueren también, como en la época en que adulteraban el alcohol, por elementos ajenos a la sustancia que consumen.

Hace poco el senador José Vargas Vidot y otros encabezaron un esfuerzo, con buenos resultados, para que cualquier persona pueda intervenir con una víctima de sobredosis sin que les caiga el peso de la responsabilidad legal por posesión de drogas. En ese proyecto de ley se permite el uso de Naloxone, que revierte el efecto de los opiáceos, a personal no médico. Igualmente ordena la creación en el Departamento de Salud de un programa de prevención de sobredosis por opiáceos, mayormente heroína. El programa capacitaría a los organismos no gubernamentales para que orienten al pueblo a detectar episodios de sobredosis y facilitar el antídoto. La mezcolanza de estadísticas de sobredosis de drogas que tiene el anteproyecto no ayuda a esclarecer el problema central que ahora se discute de sobredosis con opiáceos, y para el que solo sirve el Naloxone. Lo importante, más allá de eso, sería identificar la fuente de recursos para cubrir al menos un programa de 10 años. Ese esfuerzo cuesta, aunque hay alternativas.

El gobierno debió insertarse en la iniciativa federal que investiga el uso intranasal de ese medicamento, no inyectable, desde el año pasado, cuando el INL apoyó alrededor del mundo su viabilidad o factibilidad. Cuando los senadores aquí indican que ese medicamento ha sido usado “con éxito” en EE.UU., el reporte de drogas del Departamento de Estado consistentemente sugiere un sesgo levemente distinto. “En algunos países [señala el reporte INCSR respecto a otros que no son Estados Unidos] el naloxone inyectable es usado efectivamente para prevenir la sobredosis de drogas”. No obstante, se investiga su posible mayor eficacia a través del conducto nasal, en estudios que se conducen entre adictos en Ucrania, Kasakhstán y otros países de la región.

Cuando EE.UU. creó el año pasado el International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (ICUDDR), la Universidad de Puerto Rico tampoco estaba ahí, aunque solo fuese para preguntar si cualificaba para estarlo. Eso lo confirmé con José Lasalde, vicepresidente de investigación y tecnología de la UPR, quien me contestó en una entrevista en La Fortaleza que hasta ese momento desconocía la iniciativa. ¿Podrá esta crisis traer verdaderos cambios que enfrenten el problema? O, para hacer una analogía, ¿llegará a convertirse “lo políticamente imposible” en “lo políticamente inevitable”?, según la cita de un libro de Ganesh Sitaraman sobre la creciente desigualdad en EE.UU. (NYT, 20 marzo 2017).

Mientras se mantiene el presupuesto similar destinado a la guerra contra las drogas –en la Policía, el Ministerio Público, el sistema judicial, el sistema de corrección-, en esa lucha contra los narcos que la trafican y la violencia que resulta, no aumenta el presupuesto destinado a los que pueden disminuir considerablemente el germen de toda esa posterior cadena, a los que pueden evitar que se produzcan más adictos.

La nueva radiografía del uso de sustancias ilegales que hace el “Estudio de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos y la utilización de servicios especializados de la población adulta de Puerto Rico” (del Instituto de Investigación en Ciencias de la Conducta, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico) con datos recopilados entre el 2014 y el 2016, hace la debida advertencia al gobierno en torno a los que usan drogas. “Es importante atender esta población de uso de drogas para prevención dada la posibilidad de que se conviertan en adictos. Hay gran necesidad de que ASSMCA desarrolle estrategias para aumentar el uso de servicios especializados para aquellos que cumplen con criterios para dependencia de sustancias”.

Podemos reconocer la lógica del capital en todo esto: mientras haya demanda, surgirá la oferta. Regresemos a Capone por un segundo. Este debió su éxito “no a un ataque contra el orden social del país, sino a una incondicional adhesión a sus premisas”, como señala Enzensberger, quien vio claramente las fuerzas que movían al gangster. “Obedeció a la ley todopoderosa de la oferta y la demanda. Se tomó trágicamente en serio la lucha por la competencia. Creyó de todo corazón en el libre juego de fuerzas”, añade en La Balada de Al Capone. El mafioso siempre dijo que solo era un hombre de negocios, y eso es exactamente lo que fue cuando suplía alcohol de contrabando a una sociedad que lo reclamaba. Había 15,000 bares legales en Nueva York antes de la prohibición, un año luego de aprobada se elevó a 32,000, según los datos aportados por el escritor. Un profesor de la Universidad de Chicago, citado en el libro, expresó que “la empresa de Capone coincidía con los conceptos morales y legales de la población. Sencillamente la situación era esta: existía una demanda de artículos y servicios que no podía satisfacerse de modo legal”.

Más recientemente, dentro de esa misma lógica económica, se reportó en el Wonkblog del 24 de marzo que la farmacéutica Insys Therapeutics de Arizona donaba dinero a entidades que se oponen a la legalización de la marihuana, mientras recibía por otro lado la aprobación del gobierno federal para diseñar la marihuana sintética Syndros (THC sintético) para tratar náuseas, vómitos y pérdida de peso. Ya la empresa se había quejado anteriormente ante el Drug Enforcement Administration (DEA) del relajamiento en las restricciones sobre los derivados naturales del THC, mientras solicitaba al mismo tiempo a esa misma agencia que le permitiera trabajar con CBD, otro componente de la planta, como base para un producto en el tratamiento de la epilepsia infantil. Estos datos se levantan con el único propósito de que se entienda que hay fuerzas más allá de la salud controlando posiciones en torno al problema para su único beneficio.

IV Otras alternativas

Una crisis de adicción a drogas de la magnitud que hemos señalado en una jurisdicción que destina alrededor de 1,500 millones de dólares (entre fondos estatales y federales) a la salud es definitivamente una mala gestión administrativa y un desenfoque imperdonable de los asuntos. Y más siniestro se ve el horizonte por cernirse sobre un futuro -tan cercano como son los días que uno puede contar- la inestabilidad de gran parte de ese presupuesto, debido al reemplazo del modelo de salud Obamacare. En el sistema propuesto por el gobierno republicano trascendió (Wonkblog, 9 de marzo) que el Medicaid extendido no ofrecería cubierta a los problemas de abuso de sustancias ni problemas mentales, un impacto en millones de personas. Dependería de si los estados lo incluyen o no en sus sistemas de salud estatales. Eso estaría por confirmarse.

No por decir que se tiene, se busca o se endosa una política pública salubrista significa que efectivamente se tiene, se busca o se endosa. La realidad suele ser más lenta que la mentira y la demagogia, o incluso que las equivocaciones, pero siempre llega con pisada tan demoledora como esclarecedora. Este año fiscal que terminó el 30 de junio, ASSMCA recibió un presupuesto de $120 millones para su amplio registro de funciones, apenas un moderado parpadeo ante lo que recibió todo el sistema de seguridad y justicia: $1,603 millones (Policía, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Tribunales). El presupuesto del sistema de seguridad se repite. Al sistema de salud, apuntalado por los fondos federales, el gobierno estatal le fue reduciendo su presupuesto entre el 2014 y el 2016. “Los recortes presupuestarios tuvieron el efecto de detener… la expansión de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, de los Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, del Programa Pro Se para litigantes por derecho propio, de las Salas Integradas de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores y del Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental”, denunció el CEADS en su reporte. Si bien ASSMCA recibió (apenas) $22.6 millones de aumento para este nuevo presupuesto 2017-18, es el peso de esa distribución el que indica la política pública de los gobiernos, no sus discursos.

Mientras, el 67% de las organizaciones comunitarias de servicio directo e impacto social y económico (Ocise), a las que el gobierno pretende capacitar, ha enfrentado profundas dificultades durante la crisis fiscal de la Isla. Cuando el gobierno exige, so pena de restarle sus recursos a las organizaciones sin fines de lucro, que implanten la evaluación de resultados, debió ser el primero en hacerlo a sus propias iniciativas.

El BID advierte que “la región necesita en forma urgente contar con los conocimientos que le permitan aplicar políticas públicas basadas en la evidencia en materia de seguridad ciudadana”. Bien saben que un aumento en los presupuestos contra el crimen no necesariamente reduce los índices de criminalidad, pero con toda seguridad ese gasto excesivo sí afectará el bienestar ciudadano. Las muertes por sobredosis son una consecuencia directa del crimen. Y, si algún lector ha podido llegar hasta aquí sin haber atravesado el techo todavía al percatarse de la sugerencia de más dinero para tratamiento y menos para la seguridad, debe haberse dado cuenta ya que responsabilizar únicamente, y otra vez, al adicto de su conducta (el conocido “él mismo se lo buscó” o “es una conducta que no vamos a tolerar”) es una visión inapropiada que no ha permitido la solución del problema.

Hay otras razones urgentes que obligan a ensayar un plan más atrevido del asunto. The Washington Post (1 de julio de 2017) llamó la atención hacia otra secuela del problema de las adicciones: el sistema de los hogares sustitutos. Esto es, los hijos de los adictos. En Maine, por ejemplo, sencillamente no da abasto. Las madres o padres adictos encarcelados o en centros de tratamiento o a los que se les ha tenido que quitar los hijos, muchas veces igualmente adictos, ha sobrecargado el sistema de cuido externo. Los bebés hijos de adictas, pueden y nacen adictos, 1,000 en ese estado, y requieren diversos cuidados especiales, cuando no es que su condición les causa problemas permanentes. Este problema se ha incrementado en 45% desde el 2011 en ese estado; 19% en Massachusetts. Es parte de la crisis de la adicción a los opiáceos y metanfetaminas. Ohio aumentó en 10% los niños al cuidado de estos centros de padres sustitutos, un 60% de ese aumento es de hijos de adictos. Otros estados aumentaron su población en el sistema de cuidado parental sustituto causado por las adicciones de los padres. Ese sistema de cuidado “está en crisis” debido al aumento de personas adictas. En un año sobre 1.3 millones de personas necesitaron en EE.UU. cuidados hospitalarios relacionados con el uso de opioides, cita la nota. “Crashing” es la palabra que describe al sistema de padres sustitutos, según un experto le dijo al TWP, y he preferido no traducirla por su grave sonoridad. Son otras estadísticas que no tenemos en Puerto Rico, cuyo sistema de hogares sustitutos está desprestigiado por la ocurrencia de maltrato, y que nublan el cuadro de las dimensiones del problema, ni nos permite ver cómo incide en el gasto público.

Un dato de Estudios Técnicos de 2015 en su Estudio de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, una fuerza de transformación social y económica (addendum), precisa que el 62% de las Ocise tiene problemas relacionados con una merma de recursos y subvenciones y el 52% tiene problemas de flujo de caja porque el gobierno tarda en hacerle disponible los fondos, si tienen suerte de que les paguen. La consecuencia es que reducen los servicios y su gravamen es que el gobierno no los puede sustituir. En este justo momento, hoy, el sistema de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicio directo ha volado en cantos a causa de las decisiones de la junta de control fiscal.

Hay que detenerse unos segundos adicionales en este asunto para que tenga sentido y proveer un lineamiento general que nos guíe hacia un páramo menos brumoso desde donde se pueda comprender mejor esta otra guerra, que parece un llano en llamas. La crítica a las Ocise de Puerto Rico es que son demasiado dependientes de las subvenciones gubernamentales, distinto a lo que ocurre en los estados, en los que la empresa privada y los ciudadanos aportan una mejor tajada de sus recursos. Sin embargo, la realidad de la que nadie se puede enajenar en este momento es que el sector económico privado –igualmente dependiente, se debe reconocer- ha sido y tiene una estrechez asfixiante, mientras, el pueblo tampoco tiene dinero para donar. Y, por supuesto, en estas aguas turbulentas lo normal es que se mire al estado como el madero salvador, ¿o ya no lo es?

Pero aun bajo esa realidad de las Ocise, que a más largo plazo debe invertirse, es posible, no obstante, ser más eficaces. La información que provee el estudio parece demostrarlo. El costo evitado al estado por esos servicios que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro es de siete dólares. Es decir, por cada dólar que invierte el gobierno en estas organizaciones evita gastarse siete, que es el costo si el estado diera el servicio, y 20 dólares si fuese en el área de educación, según el citado estudio.

Ahora bien, desde una perspectiva puramente económica, hay otros datos que aporta la investigación que se deben tener en cuenta si se quiere revertir la ecuación “sector privado pequeño=gobierno grande”. Las organizaciones sin fines de lucro generaban 50,000 empleos a tiempo completo, equivalente al 7.4% del empleo privado para el 2015, con una nómina ascendente a 1,300 millones de dólares. Su impacto en el consumo, destaca Estudios Técnicos, fue de 1,200 millones, que es el 2.2% del producto nacional bruto y generaban al estado 66.7 millones de dólares en impuestos de ventas. Por otro lado, agrupa una fuerza de 100,000 voluntarios.

Las Ocise dan servicio a una de cada diez personas necesitadas en Puerto Rico. Desde el 2007, cuando se agudizó la crisis fiscal y económica, el reclamo de servicios a las Ocise aumentó. Y, por supuesto, la crisis ha impactado a estas organizaciones. El estudio recomienda “crear conciencia del impacto de las Ocise en la economía y la sociedad”, y, entre otras adicionales, “utilizar criterios objetivos y basados en las poblaciones beneficiadas, al momento de otorgar fondos gubernamentales a las Ocise”.

El reto que se deriva, por consiguiente, es decidir dónde se pone el escaso dinero público para atajar la profundización de los problemas sociales, dónde rinde más y dónde es más efectivo. ¿Son necesarios esos más de 1,600 millones destinados a las fuerzas de ley y orden o debe destinarse una mejor partida al origen del problema, que atienden ASSMCA y las Ocise, antes que a sus consecuencias, como la violencia criminal? No se me escapa, a este momento, que la tradición dicta aumentar el presupuesto dirigido al sistema de ley y orden para que apriete y apriete la represión ante el nuevo avance de las drogas. Sin embargo, esa es una política de fracaso que ha aparejado otras arrogancias. ¿Debe la Policía continuar con el gasto público en unidades dedicadas a la intervención con problemas sociales, como las tiene, sin que sus resultados sean evaluados de manera científica?

La superintendente Hernández me indicó en una entrevista que sus programas “impactan” a la población y son evaluados. “Esos impactos (es decir, llevar la información a sectores) se hacen para tratar de atraer personas que tienen problemas con drogas. De ese impacto hay un porcentaje de personas que vinieron, un porcentaje que se quedó a oír las charlas y hay un porcentaje que se inscribió para ser parte del programa de rehabilitación. Y así es que nosotros medimos la efectividad de esos programas”, resumió la coronel. La simplicidad de su análisis no debe sorprender. Para algunos, dichos programas son solo un mero ejercicio de relaciones públicas y derroche de fondos públicos. No empece su argumento de que “impacta” a miles, es evidente su insuficiencia. El Estudio sobre los trastornos advierte, en referencia a ASSMCA, aunque muy bien se puede aplicar a toda organización que preste servicios similares, que “es importante evaluar la manera en que los servicios están estructurados para medir y amplificar su impacto, en particular el uso de servicios basados en evidencia científica”. Y “evidencia científica” son las palabras clave a tener en cuenta. “Impactar” en boca de la Policía carga una interpretación equivocada. Impacta una bala y mata, no un programa.

Por otro lado, la Policía se ha dedicado, por obligación del acuerdo de los gobiernos estatal y federal a raíz del caso Department of Justice v. ELA, el establecimiento de consejos comunitarios de seguridad a través de toda la Isla. Se intenta que la comunidad acceda y exponga a la Policía sus problemas de seguridad pública, como exige la reforma policíaca. Convertir, sin embargo, a la comunidad en parte de la red de justicia y vigilancia, es extender y perfeccionar aun más el modelo de control, punitivo, y no necesariamente la solución al problema de criminalidad. El “nest” donde anidan los problemas que producen las adicciones se mantiene intacto. Muchas otras agencias tienen programas sociales cuya efectividad puede ser igualmente cuestionada. El país requiere, y cito del Estudio de los trastornos, “un análisis comprensivo de las políticas del gobierno que afectan la operación de los sistemas de servicios de salud mental”. Todas las agencias “impactan”, lo que no vemos son resultados positivos. La senadora Heidi Heitkamp (D-ND) propuso legislación bipartita para que se investigue el resultado de los traumas en la niñez, en un esfuerzo para evitar otra generación de adictos, de padres-adictos. (El asunto del trauma en la niñez se planteó en la primera parte de este reportaje.)

Sobre el problema de las drogas, se sabe, puede escarbarse hasta llegar al otro lado del mundo. ¿Es la reducción en la oferta de drogas (como recalca la política pública) o es no hacer necesaria su demanda la manera más efectiva de reducir el problema? El gobierno federal destinó 14,000 millones en 2016 a programas para la prevención y recuperación del adicto e investigación, revela el INCSR. Reconocer el problema de la demanda y destinarle aunque sea una cuarta parte de lo que se asigna a la guerra militarizada contra las drogas, como se hace, no parece ser, y así la evidencia lo muestra, suficiente. El reporte internacional del Departamento de Estado federal reconoce que la adicción es igualmente una amenaza grave de salud pública en el que deben intervenir con medidas de prevención, tratamiento y recuperación, así como con investigación. En ese esfuerzo se creó en 2016 un consorcio internacional de universidades para la investigación de las adicciones, dirigido a reducir la demanda. Otra serie de iniciativas también han sido establecidas: de currículo, para niños, mujeres, registro de servicios y efectividad. Lucen, no obstante, como esfuerzos aislados, tanteos que intentan atrapar un solo pez en el estanque, y habrá que esperar sus resultados. La guerra militarizada contra las drogas, y la erogación de miles de millones de dólares que no llegarán a sectores vulnerados, continúa mientras tanto.

Esa insistencia de expedir un cheque en blanco a favor de políticas sin resultados fue cuestionada, indirectamente, en el informe del BID, cuando señaló que “en los países donde el gasto es ineficiente, el aumento de la eficiencia podría reducir tanto el gasto como el crimen. Por lo tanto, es importante medir los costos marginales y el efecto de las políticas que apuntan a reducir el crimen para evaluar su efecto sobre el bienestar”. Esa crítica es importante porque estos países continúan la cartografía punitiva que ha establecido, y requiere bajo penas de sanciones, el gobierno federal. Solo que esta tiene un roto del tamaño de un hoyo negro. En estos momentos la farmacéutica Insys no es la única bajo grave cuestionamiento. La senadora demócrata Claire McCaskill, de Missouri, investiga, y ha pedido información oficial de aquellas farmacéuticas estadounidenses que manufacturan “pain killers”, particularmente el oxycontin (oxycodone), que es un opiáceo recetado, para ver si su uso abusivo ha contribuido a las muertes por opiáceos. Si lograse relacionar el uso abusivo de esta droga con parte de la epidemia de muertes por sobredosis, la estrategia guerrerista contra las drogas mostraría, una vez más, haber equivocado el camino. Mientras, por otro lado, dejaría ver el interés único de las farmacéuticas: hacer mucho dinero, aunque eso ya lo sabíamos. Y esa no es la única farmacéutica que manufactura opiáceos que está bajo investigación.

Teniendo de base la perspectiva individual sobre las consecuencias del maltrato infantil, entiendo que a una perspectiva más amplia, como la de los intereses económicos, se le debe dar suficiente atención. Pero no es tampoco la única. Al girar el país sobre el consumo no es sorprendente entonces que las drogas recreativas formen parte de ese frenesí. O posiblemente, como también se plantea en Chasing the Scream, habría que ver en qué medida no poder alcanzar ese nivel de consumo de bienes materiales, debido al empobrecimiento, produce un enajenamiento que conduce a las drogas.

Al promoverse los valores alrededor del disfrute del momento, del gozo, del jangueo (Carpe diem, quam minimum credula postero / aprovecha el día, no confíes en el mañana), se descartan las permanencias, las misiones, las rutinas, los esfuerzos a largo plazo con sus compensaciones, los legados y hasta los empleos hoy son temporeros, contratistas independientes o autoempleados, aislados, autoexplotándose. “Superficie y símbolo”, describe Oscar Wilde al arte de la fugacidad, el síndrome de Dorian Gray. “Una razón para esta superficialidad degradante es la desorganización del tiempo. La flecha del tiempo se rompe; no tiene una trayectoria en una economía política constantemente reconvertida, que odia la rutina y programa a corto plazo. La gente siente la falta de relaciones humanas sostenidas y propósitos duraderos”. (Sennett) Esa es la manera en que han devenido las sociedades, como corporaciones con mentalidad de niños, buscando una gratificación (ganancia) inmediata, antes de pasar a otra; adictos al dinero.

El adicto reconoce perfectamente en qué consiste el carpe diem, lo vive cuatro veces al día en Puerto Rico. Además, en una sociedad que valora desproporcionadamente la competencia individual, la posesión de bienes materiales y exige ante todo “productividad”, surgen necesariamente sectores excluidos que no encajan con el modelo depredador y tenderán a protegerse (enajenarse) mediante el uso de drogas, que usualmente se hace en compañía, con la tribu. Científicos sociales como Byung-Chul Han, Richard Sennett, Zymunt Bauman, identifican a la sociedad moderna como una de “rendimiento” (de productividad mercantil), y es con ese único criterio que se juzga a sus ciudadanos. No ajustarse a esos parámetros enajena, excluye socialmente y, por qué no, produce adictos. Por otro lado, la rendición laboral (concepto ya desacreditado por investigadores sociales) tampoco es colectiva, sino individual, es decir, la responsabilidad la carga cada cual, sin que se atiendan las crisis recurrentes del mercado ni los cambios en la economía. Y cuando la persona no alcanza esa productividad, o cuando se resiste a ser “utilitario”, una mera pieza de producción para las ganancias corporativas, se “interpela” su calidad de “rendidor”, y queda cuestionada su necesidad social como sujeto. Se descarta. Se desprecia. Y termina culpándose de su fracaso, del cual no es, muchas veces, responsable. Los gobiernos, ya lejos de las responsabilidades que se le asignaron en su origen moderno, asumen la gerencia de la sociedad como si fuese la de un supermercado. Las personas ha devenido pura mercancía, sujetas al valor de cambio y de uso.

Para comenzar a recapitular, la violencia criminal no tiene el monopolio de hacer inviable una sociedad. El monopolio de la violencia se lo hemos entregado al estado, justo para que no se sacrifique la vida de los ciudadanos. Sin embargo, sacrifica la vida de su población el gobierno cuando implanta políticas públicas que no tienen saldos positivos. También sacrifica, tan ocupados que estamos en sobrevivir, el refinamiento de las libertades (tanto individuales como la del país). Hay demasiados sacrificios últimamente. La comunidad requiere unos imaginarios comunes, compartidos, que permitan a sus individuos decir “nosotros” (Sennett) y no solo “yo”, ese “sujeto individual, calculador, consumidor y emprendedor, que persigue finalidades exclusivamente privadas” (Wendy Brown). La desigualdad social, el desempleo, el interés corporativo de aportar únicamente a sus libros de ganancias sin añadir valor a la comunidad, hacen estragos, y es violencia sistémica. Las incertidumbres pudren las raíces de la lealtad, al país, a la empresa donde se trabaja, y cuestiona la legitimidad de los gobiernos cuando estos son incapaces de proveer la asistencia necesaria a los indefensos (que aquí en Puerto Rico nos ha dado por llamar de manera eufemística “los más vulnerables”, es decir, en posición de ser heridos, cuando en realidad ya están heridos, vulnerados), descompone la solidaridad de la familia y la comunidad. Y no se trata de eliminar de la faz de la tierra los conflictos, siempre los habrá, de lo que se trata es de llegar a acuerdos sobre esos conflictos. Y para eso debe haber representación de todas las partes. Las sociedades son (deben ser) entes de interdependencia. El desorden solo abona a las aves carroñeras.

E igual de preocupante en ese abanico de iniciativas repetitivas es la manera en que se va confundiendo el interés público con el privado. Durante la conferencia del 2 de abril se anunció y el 29 de mayo se confirmó, que los policías serán puestos al servicio del sector privado en sus horas de descanso, en vez del interés común (social, porque ese es el propósito de su creación) que ya no puede pagarle.

Básicamente, el gobierno reconoce que no le puede pagar un salario decente a los policías y entiende que deben prestar sus servicios a “entidades externas” (empresa privada) como “uniformados”, es decir, con el uniforme puesto y con todas las protecciones legales que cobija a un trabajador del orden, luego de su jornada regular de trabajo. Hasta ahora pueden hacer “horas extras”, pero sin las protecciones que da el uniforme. No hay forma de que no huela a privatización parcial del servicio público de seguridad al postor privado, sin que se vea claramente como esto “ayudará a combatir el crimen” y dónde es que se ubica la “ganancia para el pueblo”, -argumentos aducidos- porque nunca serán los caseríos, las barriadas, la ruralía, ni tampoco los pequeños comerciantes, ni los cascos urbanos, ni los sectores calientes, es decir, los más afectados por la criminalidad, los que tendrán el dinero para pagar a estos nuevos asalariados de la empresa privada. Estos servicios “podrán recibir los beneficios y cubiertas de la Policía si les pasara algo en estas gestiones”, se informó. Beneficios y cubiertas que se pagarán de las contribuciones del pueblo mientras ejercen tareas para la empresa privada que puede pagarles. La frontera entre el interés público y el privado ha sido borrada, para beneficio de esta última. De esa manera, ya vamos viendo en qué ha devenido el gobierno, pagado por todos los contribuyentes, los ciudadanos, la sociedad.

Me voy a permitir citar nuevamente a Sennett (La corrosión del carácter). “Un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí, no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad”. El perpetuo estado de excepción podrá ser legal, pero no es legítimo (Agamben).

Increíblemente, a pesar de toda la información pública y de las consecuencias apreciables, demasiadas veces fatales, de los problemas de adicción, el Barómetro Social 2016 de Estudios Técnicos refleja que sólo el 8.3% de la población lo coloca como uno de los problemas más acuciantes del país y cree que la economía, la educación, la salud, son más apremiantes, sin que vea el pueblo (y menos el gobierno, agrego) la relación orgánica del problema de adicción y drogodependencia con aquellos. De hecho, es muy al fondo de esa lista donde yace el problema de las adicciones.

“No quiero volver a escribir sobre la guerra… no quiero vivir de nuevo inmersa en la ‘filosofía de la desaparición’ en vez de en la ‘filosofía de la vida’. Recolectar la interminable experiencia de la no-existencia”, se queja la periodista Svetlana Alexiévich en el prólogo a “Los muchachos de zinc”, su libro sobre la invasión soviética a Afganistán, luego que escribiera antes uno de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en las mujeres soviéticas, y otro más sobre la tragedia de Chernóbyl, entre otros. Ciertamente, relatar las insuficiencias causa desánimo. Termina uno sintiéndose como otra víctima de lo que se reseña. Exhausto. Llega el momento en que todo es repetición, como clamar en el desierto, y hay que moverse a otros asuntos para reponerse. Los gobiernos tienden a la inmovilización, y muchas veces la sociedad los ha obligado a moverse, de manera drástica ocasionalmente. Este es un momento para reevaluar una política pública ineficiente, no darse cuenta de ello atendería, entonces, a otras motivaciones que habría que examinar detalladamente, sin ser tendencioso ni conspirativo.

La cifra de 60,000 personas en Puerto Rico con algún nivel de drogodependencia es alta, sin embargo, hay días que en las calles parecen más, una muchedumbre. Tal vez sea porque, como había advertido el zar antidrogas William Bennet, “los consumidores no adictos constituyen la mayor parte de quienes toman drogas”. Esta advertencia también debió cambiar algunas reglas de juego, pero ya hemos visto que poco han cambiado.

dixi

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