Por Obed Betancourt
La criminalidad organizada, particularmente el narcotráfico, es otro poder decisivo en la sociedad, capaz de modificar políticas públicas, el estado se ve tentado de sacrificar ciertos derechos civiles (como limitar el derecho absoluto a la fianza) para atajarla más fácilmente, tiene un fuerte impacto económico en las finanzas de gobierno (que deja de recibir ingresos) y desincentiva la actividad productiva privada de la empresa privada, sangra el presupuesto gubernamental en su esfuerzo por reducir esas actividades, encarece y afecta los servicios de asistencia, así como altera el comportamiento social. El cambio de la imposición de arbitrios a la entrada general de mercancías fue sustituido (aunque no totalmente) por un impuesto al consumo (Impuesto sobre Ventas y Uso), de tal manera que captara aquellos ingresos no reportados de la formidable economía subterránea. Este flagelo también es tomado en cuenta en los programas políticos que prometen los partidos políticos en los años eleccionarios. Mientras, es conocida la anécdota de un alcalde que se reunió en un año eleccionario con unos bichotes para pedirles que redujeran, al menos ese año, los asesinatos en su pueblo.
Es un poder oculto el narcotráfico cuyas consecuencias vemos a diario, en los adictos que en las calles piden dinero, los que mueren por sobredosis, robo de propiedad, asaltos a personas, tiradores de droga que se matan unos a otros –usualmente jóvenes varones de no más de 25 años de edad– en su lucha por controlar los puntos de venta, se llenan las cárceles de convictos, los tribunales se desbordan de casos relacionados, el temor general del pueblo de ser víctima inocente, etc.
Hay países modelados por esa calamidad de la misma manera que a otras sociedades las define la literatura, la filosofía, la música. El poder del narcotráfico se suma a la multiplicidad de poderes que lijan y redefinen los límites de poder del estado. Y al igual que los múltiples poderes que operan dentro de las sociedades, es de una manera u otra modelado por el propio estado. “Las leyes que desafían forajidos y mafiosos son el producto de los regímenes, las normas y las economías que los rodean. La medida del éxito que tengan estas mafias y bandas de delincuentes nos dice mucho sobre las debilidades o los límites de los estados o gobiernos que los han visto nacer”. (Ryan Gingeras, Mafias, de los Yakuza a la Cosa Nostra) Foucault ha planteado que “el estado administra los ilegalismos”, siempre que no resulten en una amenaza fundamental para la sobrevivencia del estado. Los gobiernos en Puerto Rico han sido históricamente permisibles con el juego ilegal de la bolita, la prostitución la producción de pitorro, las apuestas y de cierta manera, por inacción o incompetencia, lo ha sido con el uso de drogas ilegales. (Ver La mafia en Puerto Rico: las caras ocultas del desarrollo, de Luis A. López Rojas, sobre cómo se entrelazaron las políticas de desarrollo moderno con la economía subterránea).
Mientras, algunos delincuentes han justificado sus operaciones ilícitas apelando a las leyes de oferta y demanda del capitalismo y la tendencia (o necesidad) al monopolio, del sindicato criminal (de la mafia) o los carteles de la droga, y como declarados anticomunistas, tienen por “sagrada” la propiedad privada. (Enzensberger, La balada de Al Capone: mafia y capitalismo). La sociedad demandaba alcohol (durante la época de la prohibición) y los mafiosos lo suministraban. “Soy un hombre de negocios”, llegó a decir Capone. “Debe su éxito no a un ataque contra el orden social del país, sino a una incondicional adhesión a sus premisas… Lo que es bueno para los negocios, es bueno para América: Capone estaba convencido de ello”, según el análisis de Enzensberger.
No siempre fue así, pero en las últimas cinco décadas Puerto Rico ha sido un lugar de alto volumen delictivo, entre otros, de asesinato y diversos hechos de violencia contra las personas y la propiedad, asociados mayormente con el narcotráfico. Ahora bien, esta actividad ilegal se contabiliza dentro de una economía informal amplia que en Puerto Rico oscilaba entre el 24 y el 27%, esto es, entre $12,654 y $14,200 millones como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), según un informe de 2010 de la firma Estudios Técnicos (“Estudio sobre la economía informal en Puerto Rico”) En 2017 el economista Segundo Castro fijó en 36.5% la economía informal (de un PIB de $103,446) y en una entrevista en 2024 (de un PIB de $125,84) señaló que a ese momento pudo haber sobrepasado el 40%. Estar en la economía informal no significa automáticamente desarrollar actividades ilegales, por ejemplo, criminales, o estar bajo condiciones de pobreza. En muchos casos solo son actividades legítimas no reportadas a la Hacienda u otros interventores de gobierno, como sucede con algunos vendedores ambulantes o trabajos pagados por debajo de la mesa. No empece, sin esta economía subterránea o si fuese altamente regulada al punto de asfixia en que se encuentra la formal, muchos no tendrían para comer y algunos comercios fracasarían. Los esfuerzos por regularla no han sido exitosos una y otra vez. No hacerlo, por otro lado, tiene su costo.
Se ha indicado que existe “una relación directa entre la producción en la economía informal y la actividad criminal. Este fenómeno responde a que a medida que aumenta la inmersión de los individuos al mercado informal se asumen conductas características de este tipo de trabajo, propiciando así la actividad criminal”. (César Pol y Silvestrini, “Crimen y economía subterránea en Puerto Rico”, 2004). Saviano señala, en su investigación de la Camorra, que “no trabajar durante años te transforma; ser tratado como una mierda por tus superiores, sin contrato, sin respeto, sin dinero, acaba contigo. O te conviertes en un animal o estás en el límite”. Entre otros hallazgos de Pol y Silvestrini, menciono los siguientes porque podrían estar sujetos a debate entre especialistas: “a medida que disminuye la producción en la economía informal, se reduce el crimen; cambios en la economía informal afectan, principalmente, los delitos en contra de la propiedad; la tasa de participación laboral masculina se relaciona, de forma negativa, con respecto a los delitos en contra de la propiedad y, positivamente, con respecto a los delitos en contra de las personas”. Entonces, destacan los autores, se necesita un reenfoque “de las perspectivas comunes sobre el crimen” que permita ver “las circunstancias socioeconómicas y demográficas que enfrentan los individuos”, más allá de atribuirlo solo a “un fenómeno de decisiones individuales”.
La tasa de participación de la fuerza laboral en el mercado formal ha ido aumentando, de alrededor de 38% en la última década hasta colocarse en sobre el 44% en este año 2026. Para esta fecha la tasa promedio en EE.UU. fue de 61.8%, una brecha considerable. Según Brian Marein, “los homicidios [en Puerto Rico] no reflejan la evolución de la tasa de participación laboral, la cual muestra una tendencia descendente a lo largo de cuatro décadas pero que, por ejemplo, aumenta ligeramente y luego se estanca justo cuando se produce el repunte de los homicidios”.
Por los esquemas clandestinos del narcotráfico, los economistas no han podido determinar con precisión cuánto del ingreso de la economía informal corresponde al narcotráfico. En 2023, según un informe de 2024 del grupo interagencial Zona de alta intensidad de tráfico de drogas (High Intensity Drug Trafficking Area -HIDTA), a Puerto Rico e Islas Vírgenes (territorio incorporado a EE.UU.) llegó cocaína valorada en $30,000 millones desde Suramérica, de las cuales, se estima, que entre el 10 y el 12 % ($3,000 a $3,600 millones) se quedó en Puerto Rico y el resto de la droga fue transbordada (como carga doméstica) mayormente a la zona este de EE.UU. y Europa. HIDTA reportó que en los últimos años hubo un incremento de las drogas ilegales que llegaban a Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas: 373 toneladas métricas de cocaína en 2021 con valor de $11,000 millones; 476 toneladas ($15,000 millones) en 2022, y; 956 toneladas ($30,000 millones) en 2023. El aumento ha sido descomunal. Para creer esas estadísticas tendríamos que asumir que, primero, la producción de cocaína no solo ha escalado sus más altos niveles, sino que las estrategias de los carteles para colocarla en su mercado prevaleciente (EE.UU.) han sido por mucho más eficiente que los intentos para evitarlo. Según el Drug Enforcement Administration (DEA), en 2026 operaban en Puerto Rico 143 organizaciones de narcotráfico.
A partir de 1970, Puerto Rico y el Caribe han experimentado un “periodo de violencia explosiva”, precisamente relacionada con el auge del narcotráfico, señala Marein en Drug trafficking and the homicide epidemic in the Caribbean Basin, 2025). Este es un estudio provocador que aturde algunos cimientos de lo que se suele creer sobre las causas del auge del narcotráfico en la región. “Un análisis de la violencia en Puerto Rico demuestra que la escalada inicial de violencia se concentró cerca de la capital, San Juan, lo cual es coherente con un aumento del narcotráfico a través del puerto de San Juan, más que con una respuesta a cambios económicos o culturales generales. De hecho, el repunte de la violencia no guarda una correlación significativa con cambios en los indicadores macroeconómicos, la pobreza o la desigualdad”, e incluye la cuenca del Caribe, la región más violenta del mundo.
“La pobreza y la desigualdad disminuyeron en las décadas previas a la escalada de violencia y durante la misma (Andic y Mann, 1976; Sotomayor, 1996). El crecimiento del PIB real per cápita se desaceleró, aunque continuó durante la década de 1970 en comparación con el ‘milagro’ de la posguerra, y los niveles de vida materiales mejoraron gracias al aumento de las transferencias del gobierno federal (Devereux, 2019). En resumen, ninguno de estos factores explica la escalada de violencia en Puerto Rico. Por último, el repunte inicial de los homicidios coincide con la crisis del petróleo de 1973, cuando los países árabes productores de petróleo impusieron un embargo a las naciones que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Ciertamente, Puerto Rico tenía una fuerte inversión en la industria petroquímica, y la crisis petrolera ayuda a explicar la recesión económica. Sin embargo, dicha industria estaba concentrada en el valle de Tallaboa, en la costa suroeste de la isla (Picó, 1974), mientras que el aumento de los homicidios se produjo casi en su totalidad en San Juan y sus alrededores, en el noreste. El choque en los precios del petróleo no explica el incremento de la violencia”.
Otras causas también se han mencionado para explicar el momento y el “carácter explosivo” de violencia en la región caribeña: la cultura de machismo, las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. Sin embargo, las estadísticas de violencia no apoyan esas teorías.
Según los hallazgos de Marein, “la tasa de homicidios en Puerto Rico –y en particular su crecimiento repentino y explosivo– no guarda correspondencia con cambios igualmente drásticos en el desempleo masculino o en la participación en la fuerza laboral. En un análisis de regresión bivariante, el desempleo masculino no predice de manera significativa la tasa de homicidios entre 1947 y 1973 (p = 0,12). A partir de 1973, la relación se vuelve estadísticamente significativa al nivel del 5%, pero el coeficiente es positivo, lo que sugiere que los homicidios disminuyen a medida que empeora el mercado laboral; es decir, lo contrario de la relación esperada. El repunte de los homicidios en la década de 1990 estuvo precedido por una caída drástica de la tasa de desempleo, que pasó de un máximo del 26.7% en 1983 al 16.2% en 1990. Más importante aún, el aumento inicial de los homicidios en la década de 1970 se produjo antes del drástico incremento del desempleo”.
No fue sino hasta después de la década de 1960, cuando se entroniza el narcotráfico, que la violencia se disparó en la región y particularmente en Puerto Rico. “Antes de la escalada de violencia en la década de 1970, la tasa de homicidios de Puerto Rico se situaba en un rango medio-bajo en comparación con la del sur de los Estados Unidos. Es inexacto describir a Puerto Rico como un lugar histórica y persistentemente violento”. El trasiego de drogas como “factor común” de la violencia es una explicación ampliamente utilizada en Puerto Rico, no obstante, es un vínculo causal que se basa más en apreciaciones de la Policía sobre el comportamiento de esas dos actividades que en nexos probados, los cuales se ocultan en la naturaleza secreta de esas ilegalidades, pues no hay disponibles los datos necesarios. También se ha indicado que lugares con altos niveles de violencia destacan por sus puntos de drogas, mientras, otros encuentran una “fuerte correlación positiva” entre tasas de homicidio e incautaciones anuales de drogas. Ambas teorías han sido repetidas por comisionados de la Policía en Puerto Rico para explicar el despunte de asesinatos, para burla de los analistas políticos. Sin embargo, entre julio de 2025 y mayo de 2026 las autoridades federales y estatales han hecho no menos de seis operativos conjuntos de arrestos de narcos y sicarios y de incautación de drogas (nunca se habían hecho tantos en tan estrecho tiempo) y para la fecha de hoy, hay registrados más asesinatos y agresiones agravadas que el año pasado a esta misma fecha. Es un dato que coincide.
Sobre eso puede decirse algo más. Buena parte de los casos de asesinato que se enjuician en los tribunales estatales y federales en Puerto Rico son overacts de actividades o relacionados directamente con las actividades del narcotráfico, según la evidencia que presentan los fiscales en sus acusaciones. Además, gran parte de los asesinados tienen expediente criminal relacionado con el narcotráfico, así como como otra gran parte de los presos (hasta el 70%) están encarcelados por delitos de violencia relacionados con drogas ilegales. Visto así, no sé si buscar estadísticas de la entrada de drogas, que es imposible de saber, y relacionarlas con “explosiones” de violencia deba ser el único método para relacionar esos fenómenos. Ambas exploraciones, en todo caso, son demasiado dependientes de estadísticas imprecisas: uno, de los arrestos, procesamiento judicial y convicción por asesinato, en una mayoría estadísticamente significativa y que la prueba demuestre la relación con el narcotráfico; y el otro, de que pueda conocerse con mejores estadísticas el monto de la entrada ilegal de estupefacientes, no solo de la incautada por las autoridades. La correlación entre arrestos e incautación de drogas y asesinatos requiere todavía una explicación de necesidad.
Puerto Rico, más que otros países de la región, tiene mejores estadísticas sobre estos fenómenos y ha sido estable políticamente. Basado en esos datos, Marein cree haber encontrado un nuevo “enfoque” –le llama “choque exógeno”– que relaciona el auge de la violencia en Puerto Rico y el Caribe con el tráfico de drogas. Su planteamiento es capaz de formar el más intrincado rizo político difícil de peinar a aquellos que viven de la nostalgia y la canonización de políticos. Marein atribuye a causas geopolíticas el origen del auge del narcotráfico y la violencia en el Caribe: “el golpe de Estado en Chile de 1973, que desplazó abruptamente el tráfico de cocaína de Chile a Colombia y transformó muchas localidades del Caribe en puntos clave de transbordo entre América del Sur y América del Norte. … poco después del golpe en Chile, [Puerto Rico] se había convertido en una puerta de entrada a Estados Unidos para los narcóticos procedentes de Colombia”.
Cito in extenso para mejor una comprensión de lo que puedo resumir. “Antes del golpe de Estado de 1973 en Chile, el país era el principal actor en el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. El periodo comprendido entre 1970 y 1975 marcó una transición hacia intermediarios colombianos, a medida que las nuevas dictaduras de derecha asfixiaban las rutas tradicionales de contrabando y las redes urbanas de cocaína en toda Sudamérica (Gootenberg, 2008, 2012). El golpe de septiembre de 1973, en el que el general Augusto Pinochet derrocó al presidente socialista Salvador Allende, desmanteló efectivamente el comercio chileno de cocaína, creando una oportunidad para que los colombianos intervinieran rápidamente. Pinochet encarceló o expulsó a los principales traficantes de cocaína del país para ganarse el favor del presidente estadounidense Richard Nixon y evitar que una izquierda resurgente utilizara el dinero del narcotráfico para socavar la seguridad del Estado. Inmediatamente después del golpe, incluso antes de que la policía chilena detuviera a los traficantes, es posible que se produjera una reducción significativa del tráfico de cocaína debido al estricto toque de queda vigente y a los continuos registros de edificios y vehículos (Kandell, 1973). Para noviembre de 1973, una oferta de cocaína sin precedentes y ‘sin límites’ llegaba a Estados Unidos desde América Latina, y los colombianos se habían convertido en los principales transportistas (Lernoux, 1973).
”Puerto Rico se vio profundamente involucrado en el creciente tráfico de cocaína colombiana debido a su ubicación y estatus político (Rody, 1979; UNODC y Banco Mundial, 2007). Geográficamente, se encuentra en el Caribe, en una posición estratégica entre Colombia y los principales puntos de entrada a la costa este de los Estados Unidos, particularmente Miami. San Juan, su puerto principal, es uno de los más activos del Caribe y de los Estados Unidos. Como territorio estadounidense, Puerto Rico se beneficia del libre comercio con el territorio continental, lo que significa que los envíos desde Puerto Rico no están sujetos a inspección aduanera al llegar a los Estados Unidos. La combinación de estos factores convierte a Puerto Rico en un centro ideal de transbordo para la cocaína colombiana destinada a su mayor mercado. De hecho, a principios de 1975, Puerto Rico se había convertido en una puerta de entrada a los Estados Unidos para los narcóticos procedentes de Colombia –‘el punto más crítico del mundo para el narcotráfico’, según un agente de la DEA (United Press International, 1975). La violencia es un mecanismo importante para la resolución de disputas en los mercados ilegales en general (Dills et al., 2010), y los narcotraficantes colombianos son particularmente conocidos por su uso de la violencia (Thoumi, 1996). En consecuencia, el auge del narcotráfico colombiano a través de Puerto Rico –y de otras partes del Caribe en distintos momentos– contribuyó probablemente a la escalada de violencia en la región.
”El tráfico de cocaína y otras drogas a través de Puerto Rico precedió al golpe de Estado chileno de 1973; sin embargo, el tráfico de cocaína colombiana y otras drogas se expandió rápidamente tras dicho acontecimiento, y la creciente violencia de este periodo marcó una ruptura con las tendencias anteriores”. Según Manrein, “hacia 1970, los colombianos ya habían comenzado a experimentar con la distribución de cocaína. Un artículo del New York Timespublicado apenas unos meses antes del golpe, señalaba que los colombianos habían adquirido tal reputación en el narcotráfico que presentar un pasaporte colombiano despertaba inmediatamente sospechas y daba lugar a un escrutinio más riguroso (Howe, 1973). Asimismo, la tasa de homicidios en Puerto Rico había ido en aumento durante los años previos al golpe”.
La conexión chilena no parece surrealista si tenemos en cuenta que, a mediados de la década de 1960, surgió también una conexión argentina para llevar heroína y cocaína a EE.UU. (Ver La conexión latina, de Osvaldo Aguirre, 2008) en la que participó con un papel dirigente la chilena Yolanda Sarmiento. La conexión argentina había hecho contacto “con una red de chilenos que llevaban cocaína a Estados Unidos por vía marítima, haciendo escala en Panamá, que estaban dispuestos a asociarse en nuevas empresas. Una integrante de esa banda, María de las Mercedes Yolanda Sarmiento, llegaría pronto a Buenos Aires para convertirse en una de sus principales socias, y en una de las pocas mujeres que alcanzó un lugar de liderazgo en el tráfico de heroína”. (Aguirre) La red argentina estaba liderada por el marsellés Auguste Ricord (conocido por Lucien Dargelés y Monsieur André), un delincuente y colaborador nazi, junto a antiguos exnazis franceses, como el corso François Chiappe, acusado en Francia de ser informante de la Gestapo, y otros mafiosos franceses e italianos. A izquierda o derecha, todos los criminales suelen ser totalitaristas.
Se suele decir que el narcotráfico es la tercera industria de más impacto económico de la isla, luego de la manufactura y el turismo. Si no se tiene estadísticas que puedan ser corroboradas, alguien pudiera creer que es la más que aporta al PIB si se suma a las otras formas de economía subterránea, y no tendríamos una forma veraz de refutarlo.
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